Redacción
Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), Seccional Bolívar, logró que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Charles Pereira y Francisco Paternina como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico y porte de fuego armas agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas fueron materializadas por la Policía Nacional el pasado 5 de julio tras una labor investigativa de más de un mes por parte de la Fiscalía, que realizó un análisis de las evidencias y el material probatorio recolectado, como videos y reconocimientos fotográficos, logrando identificar plenamente a los presuntos homicidas.
Los hechos sucedieron el 7 de mayo último en el barrio San Fernando de Cartagena, donde la víctima, identificada como Nataly Palacios, de 21 años, se encontraba afuera de su vivienda con cuatro adolescentes. Hasta el lugar llegaron los supuestos agresores, quienes luego de descender de una motocicleta intentaron robarle el celular a uno de los menores. Cuando el adolescente opuso resistencia, los asaltantes lo habrían golpeado y al parecer empezaron a disparar contra los presentes, causando las heridas que acabaron con la vida de Palacios.
Al término de las audiencias concentradas, Pereira y Paternina fueron remitidos al centro penitenciario y carcelario San Sebastián de Ternera de la capital bolivarense, para cumplir la medida impuesta.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
VHGB/DLBM/MCNA
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
