Se trata de dos personas que, en hechos independientes, habrían incurrido en agresiones con armas cortopunzantes contra quienes fueron sus parejas sentimentales.
Una fiscal adscrita al Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar (Cavif) de la Seccional Bolívar, logró que un juez de control de garantías de Cartagena impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario a dos hombres investigados por presuntas agresiones en contra de sus parejas.
- La primera investigación se relaciona con un hombre de 29 años que fue detenido en flagrancia luego de que, al parecer, hiriera con un arma cortopunzante a su expareja sentimental, de 31 años. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Pasacaballo. Se cree que el ataque obedeció a que la mujer se negaba a continuar la relación afectiva con él. Al parecer, esta no era la primera oportunidad en que la víctima era sometida a abusos físicos y verbales por el procesado.
- El segundo hecho involucraría a un hombre que habría maltratado reiteradamente a su excompañera sentimental; al igual que la hija de esta, una menor de 5 años. Los hechos investigados se registraron durante los años 2022 y 2023 en el municipio de Santa Catalina, donde el hoy involucrado de 34 años, al parecer, en estado de embriaguez habría golpeado a su expareja, de 30 años; además de haberle causado heridas con un arma blanca.
La Fiscalía imputó a los procesados como posibles responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los hechos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MAGA/ICHS/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
