De acuerdo con la investigación, el procesado presuntamente amenazaba de muerte a las víctimas, quienes llegaron a pagar hasta tres veces lo inicialmente prestado.
Luego del acervo probatorio presentado por un fiscal especializado Gaula Córdoba, un juez penal municipal ambulante con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de José Ulises Gómez Palacio, por los delitos de extorsión agravada en concurso con concierto para delinquir agravado, cargos a los cuales no se allanó.
Según se pudo establecer en las audiencias, el indiciado, junto con 5 personas más, dos de ellas fallecidas, presuntamente conformaron una empresa criminal que pactaba con sus clientes el pago de intereses remuneratorios con tasas superiores al veinte por ciento (20%), los cuales debían cumplir mediante cuotas de dinero diarias o semanales, modalidad conocida como ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’.
Los hechos habrían ocurrido en el mes de septiembre de 2018 en Montería cuando el procesado, al parecer, extorsionó a por lo menos tres víctimas, quienes vieron como sus acreencias se triplicaron respecto al valor inicialmente prestado, y al no poder responder por las mismas, fueron amenazadas de muerte supuestamente por el imputado.
Gómez Palacio fue capturado por orden judicial, el 19 de abril del año en curso en el barrio Ciénaga, del municipio de Puerto Wilches (Santander), por uniformados de la Policía Nacional.
La organización a la que al parecer pertenecería el imputado viene siendo impactada por las autoridades y a principios de este año se habían judicializado dos personas más.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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DSC/VHGB/FAGH/JAVP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
