Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una mujer de 49 años, como presunta responsable de constreñimiento a la prostitución y violencia intrafamiliar.
En la misma decisión, el juzgado también cobijó con medida de aseguramiento intramuros a Alexánder García, alias Tamayo, por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años de edad.
Los hechos investigados habrían ocurrido entre los meses de abril y junio de 2022, cuando, al parecer, la procesada obligó a su sobrina de 17 años de edad a ejercer la prostitución para que le pagara un dinero que supuestamente se le había perdido de su casa ubicada en el barrio Caicedo de Medellín.
De acuerdo con el proceso adelantado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), la adolescente se habría visto obligada a sostener relaciones sexuales con desconocidos en unas 10 oportunidades y el dinero que recibía debía entregárselo a su tía abuela para el pago del supuesto dinero extraviado que, según la presunta victimaria, ascendía a 67 millones de pesos.
Se evidenció además que cuando la menor se negaba a prostituirse, la investigada, al parecer la golpeaba. Producto de las golpizas, la víctima habría quedado con una cicatriz de carácter permanente en el rostro.
Las labores de policía judicial permitieron establecer además que alias Tamayo habría sostenido relaciones sexuales con la adolescente, a cambio de dinero, en mayo de 2022 en un motel de la capital antioqueña.
Los procesados fueron capturados por servidores de la Policía Nacional y durante las audiencias preliminares no se allanaron a los cargos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/CFG/CR/YMAS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
