El crimen ocurrió el pasado mes de abril en la vereda El Porvenir de Caldono (Cauca).
Como presunto partícipe del homicidio de la líder social y gobernadora del Resguardo Indígena La Laguna, Sandra Liliana Peña Chocué, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Fredy Hoyos Muñoz, alias Moño Moño.
Los hechos ocurrieron el 20 de abril último en la vereda El Porvenir de Caldono (Cauca). De acuerdo con los elementos de prueba obtenidos por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), la víctima habría siso asesinada por las actividades de promoción de los programas de erradicación de cultivos ilícitos en la región.
Alias Moño Moño fue capturado por funcionarios del CTI de la UEI, con apoyo de unidades del Cuerpo Élite de la SIJIN del Departamento de Policía Cauca y del Batallón José Hilario López del Ejército Nacional. El procedimiento se cumplió en la vereda Santa Bárbara del corregimiento Siberia, en la citada población caucana.
En audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a Hoyos Muñoz los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal.
Por este crimen, los autores materiales, identificados como Pedro Nel Correa Murcia y Farid Arley Chamorro, fueron condenados a 60 años de prisión por la Jurisdicción Especial Indígena, luego del apoyo técnico y las acciones investigativas orientadas por la UEI. Los tres procesados permanecen en la cárcel de mediana y alta seguridad San Isidro de Popayán (Cauca).
Esta información se publica por razones de interés general.
DLBM/AA/JARG.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
