En menos de una semana, la Fiscalía y la Policía resolvieron el crimen del docente que fue asesinado en el colegio donde laboraba.
Luego de valorar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Diego Antonio Isaza Álvarez, como presunto responsable del homicidio de un profesor de Yolombó (Antioquia).
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre cuando la víctima, de 36 años, fue ultimada con arma de fuego por varios hombres que irrumpieron en la Institución Educativa Guillermo Aguilar, ubicada en la vereda Barro Blanco de la citada población.
El hecho tuvo lugar durante le entrega de notas que se realizaba en el plantel educativo.
El docente recibió más de 20 heridas por arma de fuego. Los investigadores establecieron que a la víctima también le hurtaron una motocicleta y un celular.
Cuatro días después del homicidio, el trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía permitió la identificación y la expedición de una orden de captura en contra de Isaza Álvarez, la cual fue materializada este martes 19 de septiembre en el municipio de Buga (Valle del Cauca).
Hasta allí se desplazó el hoy procesado para tratar de evadir a las autoridades.
El hombre, de 25 años, no se allanó a los cargos que le imputó un fiscal de la Seccional Antioquia por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego de agravado.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/CFG/ME/DPB/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
