Los imputados fueron detenidos luego de la alerta de la víctima a las autoridades. En el mismo carro en que huyeron les encontraron la fuerte suma de dinero.
Luego de la solicitud de un fiscal local de Ayapel, un juez decidió dictar medida de aseguramiento intramural en contra de José Gregorio Morales Bello, Janer Antonio Medrano Agobio y Jairo Arnulfo Olivero Cabrera por el delito de hurto calificado y agravado.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 21 de noviembre en curso cuando uniformados de la Policía fueron alertados por policías de Ayapel (Córdoba), quienes informaban del hurto a un ciudadano al cual le habrían quitado una fuerte suma de dinero. En la alerta avisaban que los presuntos victimarios se movilizaban en un vehículo.
En la carretera troncal frente al polideportivo del Barrio Villa Victoria del Municipio de la Apartada, los uniformados pararon un vehículo con las mismas características y al registrarlo encontraron a tres ocupantes con las descripciones de los que habían efectuado el hecho criminal.
Al lugar también llegó la víctima minutos después a informar que los presentes le habían hurtado 60 millones de pesos. Cuando los policías requisaron el vehículo encontraron un maletín que tenía 48 millones de pesos. La víctima presentó los recibos bancarios y demostró que el dinero era suyo.
Tras su captura en flagrancia, los indiciados, quienes no aceptaron cargos, fueron presentados ante un juez promiscuo municipal de Ayapel, quien los envió a prisión.
La Fiscalía habla con resultados.
Le puede interesar: A la cárcel presunto integrante de la organización ilegal San Paulino, dedicados al hurto en Bolívar, Córdoba y Sucre
VHGB/FAGH/GAL/CTVT/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
