Redacción
Con base en los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de tres ciudadanos, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto calificado y agravado.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio, en horas de la madrugada, cuando la víctima se transportaba en su bicicleta rumbo al trabajo en el barrio Aures II de la localidad de Suba, donde fue abordado por dos hombres que lo empujaron y lo hicieron caer. Posteriormente, lo amenazaron con arma de fuego y le hurtaron el vehículo.
El hombre afectado opuso resistencia y, para tratar de impedir el hurto, persiguió a los asaltantes, quienes le dispararon en tres oportunidades y le causaron la muerte.
En desarrollo de la investigación realizada con apoyo de la Sijín y la Policía de Vigilancia de la Metropolitana de Bogotá (Mebog), se logró identificar a los presuntos implicados como Maikol Steven Chaverra Foronda, Linda Yulieth Saldarriaga Grisales y Yunior José Contreras Moreno, quienes fueron capturados en flagrancia en el inmueble al que ingresaron supuestamente con la bicicleta hurtada.
En el lugar, las autoridades además incautaron 300 cápsulas de bazuco, 350 cigarrillos de marihuana, un revólver, una bicicleta y 60.000 pesos en efectivo.
Los tres procesados no aceptaron los cargos que la Fiscalía les imputó.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/LJAP/DLBM
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
