Un fiscal de la Seccional Casanare logró que un juez con función de control de garantías del municipio de Pore, impusiera medida de aseguramiento carcelaria contra tres hombres que habrían secuestrado y extorsionaron a varios compradores de maquinaria pesada a quienes contactaron a través de redes sociales.
Se trata de Jhon Alexis Cataño Lemus, Kennerth Jair Rodríguez Rodríguez y Janes Leonid Eregua García, a quienes la Fiscalía imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada en la modalidad de tentativa, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
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Los hechos ocurrieron el pasado 13 de julio cuando las tres víctimas llegaron a Casanare para verificar la existencia de una maquinaria amarilla que les habrían ofrecido en venta. Una vez fueron contactados con quienes iban a hacer la negociación, los condujeron a un paraje solitario donde los procesados, al parecer, les indicaron que eran integrantes de las disidencias de las Farc, y les exigieron una importante suma de dinero para dejarlos en libertad.
Durante el cautiverio, y como manera de presionar el pago, una de las víctimas sufrió la amputación de uno de sus dedos. Tras ser liberadas las personas denunciaron el caso ante las autoridades y revelaron que los volvieron a contactar para que hicieran el traspaso abierto de un vehículo y cancelaran dos millones de pesos.
Con el apoyo de las autoridades se definió una entrega controlada en el municipio de Paz de Ariporo, donde fueron capturados los tres nombres en momentos en que recibían el dinero.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
