Los hechos ocurrieron en febrero de 2020 cuando los líderes sociales se habrían hospedado, transportado y brindado apoyo logístico de los homicidas, integrantes de la red de apoyo del Frente Adonay Ardilla Pinilla del Frente de Guerra Oriental del GAO-ELN.
La Fiscalía imputó a los investigados, los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, rebelión, desplazamiento forzado, amenazas y favorecimiento al delito.
Asimismo, el Director de la Fiscalía seccional Boyacá indicó que “Por decisión del juez de control de garantías cinco de los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento y tres continuarán vinculados al proceso, en libertad”.
Dos miembros del ELN aceptaron su participación en el hecho en noviembre de 2021 y fueron sentenciados a 17 años de prisión.
