Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Vida de la isla de San Andrés, jueces de control de garantías enviaron a prisión, en procesos distintos, a tres hombres presuntamente responsables de dos homicidios ocurridos en el archipiélago durante el 2022.
La primera investigación involucra a Justo Melqiuades Pomare Batista y a Kleider Eliceo Ruiz Britton por los hechos ocurridos el 14 de noviembre de 2022, en el sector de Elsy Bar del Barrio San Luis, donde los procesados presuntamente le dispararon a Kevin Antonio Hudgson Evans, causándole la muerte.
Un trabajo articulado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional logró establecer que dicho asesinato se habría producido por retaliaciones y venganzas personales. Pomares Batista y Ruiz Britton fueron capturados mediante orden judicial el pasado 23 y 29 de enero, respectivamente, por uniformados de la Policía Nacional.
El segundo caso afectó a Arlington David Blanquicett Moreno, por los acontecimientos acaecidos en el 18 de noviembre del 2022, en el barrio Los Obreros, donde el procesado, al parecer, disparó en varias oportunidades contra una adolescente, provocándole la muerte.
Labores de Policía judicial permitieron identificar a Blanquicett Moreno como la persona que habría asesinado al menor de edad, por lo que fue capturado el pasado 27 de enero en el barrio Simpson Well de la isla.
Durante las audiencias concentradas, ninguno de los investigados aceptó los cargos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, imputados por el ente acusador.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MG/JR/DSSPS
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
