Redacción
Crédito de foto: AFP | Especial para 90minutos.co
Por cuatro demandas sobre la mesa, regresa a la Corte Constitucional el debate sobre la despenalización del aborto con la posibilidad de ser seguro y legal. Los magistrados encargados se encuentran en una votación de 5 contra 4; estando a la espera de los votos definitivos de otros dos miembros para coincidir en si la práctica se sigue autorizando sólo en tres casos o se libera de toda sentencia.
Entre los magistrados a favor se encuentran Alejandro Linares, José Fernando Reyes y el actual presidente de la Corte, Alberto Rojas. Por el lado de los opositores están Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez. Ambos bandos buscan los votos de Gloria Ortiz y Diana Fajardo; para concluir si tumban o no el artículo 122 del Código Penal Colombiano que dispone que la mujer que se practique un aborto podría enfrentar entre uno y cuatro años de prisión.
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Datos y demandas
La primera demanda interpuesta por Andrés Sánchez consiste en que con la penalización se está ‘cosificando a la mujer’; pues se le denigra y humilla al no poder decidir sobre ella misma y llevar una vida contraria a la que desea o incluso ponerse en riesgo.
Datos del Ministerio de Salud evidenciaron que 70 mujeres mueren y cerca de 132.000 más sufren complicaciones al practicar un aborto clandestino; con precarias condiciones de salubridad en lugares inseguros e inadecuados.
Geroden Hoffan promovió la segunda demanda bajo la vulneración del derecho a la intimidad, así lo explicó a Colprensa:
“Se sustenta en que existen diversas formas de vivir la sexualidad y que las mismas se respeten, por lo que nadie debe presionar, condicionar o imponerse a la forma en la que se decidió vivir la sexualidad; ni siquiera el Estado que, por el contrario, debe garantizar condiciones para el respeto y pleno ejercicio de autodeterminación”.
A su vez, según el libro ‘La Despenalización del aborto en Colombia’, una muestra de la población colombiana fue encuestada en 31 ciudades entre hombres y mujeres en un rango de 18 y 44 años; de aquí resultó que el 61% de la población está en desacuerdo con que las mujeres vayan a la cárcel; por interrumpir voluntariamente su embarazo y el 26% no están ni a favor ni en contra.
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La organización Causa Justa impuso la tercera demanda bajo el argumento de que, si bien la Corte enunció tres causales para permitir el aborto, en el resto de situaciones el procedimiento sigue siendo penalizado. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación expuso que al menos un 30% de mujeres denunciadas por aborto entre 1998 y 2019 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Situaciones fuera de su autonomía y que ponen en riesgo su persona.
La última demanda por parte de Natalia Bernal, contraria a las 3 primeras, consiste en que el alto tribunal no ha analizado los riesgos del aborto para la salud de las gestantes y los bebés, “ni el reconocimiento de los derechos de los niños agredidos por esa práctica”.
Otras declaraciones y últimas cifras
Como es lo habitual, otras entidades y figuras anuncian sus posturas a favor o en contra del debate. Por un lado, declaran que la Corte debe declararse inhibida y reiterar que ya existen unas causales, le corresponde al Legislativo ahora declararse al respecto.
La Bancada Provida del Congreso radicó una carta solicitándole a los nueve magistrados “no despenalizar el aborto en el país” y conceptuaron que la decisión “debe ser votada por voto popular como constituyente primario”.
No obstante, de acuerdo con un documento de Women’s Link Worldwide mostró que mujeres pobres del medio rural (53%) son quienes más sufren en prácticas de aborto clandestino al sentirse desamparadas y desprotegidas en su situación gestante y al sentir que no tienen las condiciones sociales, familiares ni económicas para mantener un bebé. Esta proporción se encuentra más que todo en la región pacífica (40%).
Por ejemplo, entre el 2010 – 2017, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto vivían en zonas rurales y un 3% a zona urbana. Lo que podría cuestionarse acerca del acceso a la salud y educación sexual que provee el Estado y con lo que contaban las mujeres fuera de un casco urbano.
Finalmente, la Fiscalía señaló que el perfil de las mujeres procesadas por aborto involucra “muchos elementos de vulnerabilidad”: el 50% son menores de 28 años, un 34,3% se dedican a actividades del hogar o servicios domésticos; un 13,6% son estudiantes y 2,75% son desempleadas o trabajadoras sexuales.
Las mujeres presentaban en promedio entre 16 y 19 semanas de embarazo (tres meses) al momento del aborto. Cabe mencionar, de acuerdo con Antonio Lazcano, experto de la UNAM, que antes de la semana 12 – 14 del embarazo “un embrión no es considerado persona ya que la placenta sigue teniendo contenido genético de cigoto, no de formación fetal“.
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