Redacción
Más de dos décadas después de que el gobierno de entonces (1998) ordenara la expropiación de la Corporación de Ahorro y Vivienda Granahorrar en medio de la aguda crisis financiera que afrontaba el país, y transcurridos seis años (2014) desde cuando un fallo de la Corte Constitucional le puso punto final en Colombia a la batalla jurídica que uno de los mayores accionistas de la entidad, la familia Carrizosa, emprendió por lo que considera una acción injusta e ilegal, el caso cobra nueva vida, esta vez, en tribunales de arbitramento internacionales.
(Le puede interesar: ‘Los 1,6 millones que llegaron a la banca en la pandemia para quedarse’)
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) y la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya (CPA), adscrita a las Naciones Unidas, donde la familia Carrizosa presentó las respectivas controversias, son, desde el 2018, los nuevos escenarios de esta histórica disputa, y donde tendrán lugar, en las semanas del 9 de noviembre y del 14 de diciembre, las audiencias del caso.
La razón es que, mientras que la matriarca de la familia, Astrida Benita Carrizosa, acudió a la Ciadi, sus hijos Alberto, Enrique y Felipe Carrizosa Gelzis lo hicieron ante la CPA, argumentando que la intervención a Granahorrar y la decisión de la Corte Constitucional de revocar la sentencia del Consejo de Estado (2014) constituyeron una violación de la protección a los inversionistas de Estados Unidos en Colombia, según el acuerdo comercial (TLC) firmado entre las dos naciones.
La realización de estas audiencias estaba prevista para abril pasado, pero la llegada de la pandemia obligó a posponerlas para el último trimestre del 2020.
En la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado explican que los tribunales arbitrales deben decidir primero si la familia Carrizosa cumple con los requisitos del TLC para demandar a Colombia o si, por el contrario, no tienen acceso a que este analice las supuestas violaciones del tratado.
Y agregan que ambos “tribunales arbitrales han recibido los argumentos escritos de Colombia y la familia Carrizosa para decidir si tiene o no jurisdicción sobre esta controversia”.
Al agotarse los recursos legales en Colombia y como ciudadanos estadounidenses, mi madre, mis hermanos y yo acudimos a los organismos internacionales
Esta nueva batalla podría tomar al menos año y medio o dos años antes de que el laudo arbitral defina cuál de las partes tiene la razón. De ser adverso para los demandantes, los recursos y las instancias legales internacionales también quedan agotados.
“Siempre nos ha motivado la búsqueda de la justicia a raíz de la expropiación de Granahorrar, la cual se hizo en condiciones irregulares por las autoridades de entonces… Al agotarse los recursos legales en Colombia y como ciudadanos estadounidenses, mi madre, mis hermanos y yo acudimos a los organismos internacionales para que a través de la justicia internacional se revise el caso y las injusticias cometidas”, le dijo a EL TIEMPO Alberto Carrizosa, vocero de la familia en este proceso.
Su padre, el empresario Julio Carrizosa, falleció hace dos años a la espera de los resultados del pleito, cuyas pretensiones económicas ascienden a unos 363 millones de dólares, alrededor de 1,4 billones de pesos si se tiene en cuenta la tasa de cambio actual.
Lo que dice el Gobierno
Una de las principales razones que llevaron a los Carrizosa a acudir a instancias internacionales es su doble nacionalidad, razón por la cual sus derechos como inversionistas en Colombia estarían amparados por el TLC que tiene el país con Estados Unidos, el cual entró en vigencia a mediados de mayo de 2012.
Sin embargo, los expertos de la agencia estatal de defensa sostienen que “los demandantes deben probar que su nacionalidad dominante y efectiva era la estadounidense en las fechas en que se produjeron las medidas impugnadas y en la que se presentó la reclamación”.
(También: ‘Hay que pagar la deuda, vamos a necesitar más impuestos’)
Advierten, además, que las acciones y omisiones que alegan estos tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado, frente al cual existe un principio de no retroactividad en la aplicación de estos. “Las reclamaciones fueron presentadas más de tres años después de que los demandantes supieran o debieran haber sabido sobre la supuesta violación… la solicitud de arbitraje fue presentada el 24 de junio de 2018, ya habían pasado más de 3 años”, precisan.
Pese a esto, los demandantes consideran que en Colombia “han acomodado las reglas de juego para hacerse ver que están obrando dentro de la ley, pero realmente la ley dice otra cosa”.
Es por eso que creen que en este momento de crisis económica se debe enviar más bien “un mensaje de confianza y de estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros y asegurarles que Colombia es una plataforma seria para que las empresas del mundo puedan desarrollar grandes negocios”, dice Alberto Carrizosa.
Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le dijo a esta casa editorial que este proceso apenas está en la mitad del camino. “Estamos en las etapas de las audiencias y luego viene el laudo (arbitral), pero hay procesos que se tardan un año en esa sola fase”.
La crisis financiera
La pelea jurídica entre los mayores accionistas de Granahorrar y el Estado se remonta 22 años atrás, cuando el gobierno de entonces ordenó la expropiación de la entidad a sus dueños, bajo el argumento de que estos se habían negado a capitalizarla en 157.000 millones de pesos de la época, recursos necesarios para devolverle la solvencia suficiente para operar, en medio de la crisis financiera que enfrentaba el país.
Los accionistas del momento tuvieron que recurrir a préstamos del Banco de la República y de otras entidades del mercado para enfrentar los problemas de liquidez, los cuales se agravaron a causa de masivos retiros de recursos del público, lo que hizo que en poco tiempo la entidad entrara en cesación de pagos.
Al no recibir la capitalización ordenada por la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) se intervino a Granahorrar y de inmediato el gobierno dijo que el valor de sus acciones se reducía a un centavo, ante lo cual asumió su manejo, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).
La orden de intervenir la entidad se dio entre el viernes 2 y el sábado 3 de octubre de 1998, de tal manera que el lunes siguiente Granahorrar abrió sus puertas y continuó operando con ‘normalidad’.
(Además: ‘Plata hay, pero mal repartida / Columna de Ricardó Ávila)
A partir de entonces empezó la batalla de los accionistas por recuperar la propiedad. Su argumento, el desconocimiento hasta último momento de la orden de capitalización impartida por la Superbancaria. Según cuenta Alberto Carrizosa, cuando se les notificó a las 2:50 de la madrugada del sábado 3 de octubre, solo tenían 12 horas para conseguir los 157.000 millones en efectivo para inyectárselos a la entidad.
“En ese momento era una orden imposible de cumplir. Entonces se dijo que el banco había sido intervenido, pero la verdad fue nacionalizado”, dijo.
Quizás eso fue lo que tuvo en cuenta el Consejo de Estado en su fallo (noviembre del 2007) a favor de los accionistas demandantes en el que señaló que la decisión del gobierno “fue tomada sin sustento serio y contundente sobre la real situación patrimonial de Granahorrar”.
Este fallo fue apelado tanto por la Superbancaria como por Fogafín ante la Corte Constitucional, que en junio del 2014 puso punto final a la disputa en Colombia, luego de varias batallas en los estrados judiciales.
Granahorrar estuvo bajo control del Estado hasta el 31 de octubre del 2005, cuando fue vendido en subasta pública al español BBVA por 970.000 millones de pesos de la época.
Ahora, más de dos décadas después, serán dos tribunales de arbitraje internacionales los que decidan quién tiene la razón en esta histórica disputa.
CARLOS ARTURO GARCÍA M.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
En Twitter: @CarlosGarciaM66
