Un activista de derechos humanos de Laos que vivía en Tailandia bajo amenaza de deportación a su patria comunista llegó a Canadá, donde buscará asilo con el apoyo de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas y grupos de derechos humanos.
Khoukham Keomanivong, un refugiado reconocido por la ONU, fue condenado el 31 de enero en un juicio tailandés a puertas cerradas por quedarse más tiempo que su visa y había estado detenido en espera de su deportación a Laos, donde se enfrentaba a un arresto por su trabajo de defensa del que dice que se ha abstenido durante más de dos años.
Más tarde fue puesto en libertad bajo fianza y finalmente se le permitió salir de Tailandia el jueves hacia Canadá con la ayuda de grupos de derechos humanos y ACNUR. Khoukham llegó a Vancouver el viernes después de transitar por Corea del Sur y se sometía a procedimientos de cuarentena por COVID-19.
Antes de partir del aeropuerto Suvarnnabhumi de Bangkok, Khoukham había prometido “seguir luchando por mi vida en Canadá”.
“No estoy seguro en Tailandia, por lo tanto, tengo que dar un paso adelante”, dijo al Servicio Lao de RFA en un mensaje de texto antes de abordar su avión.
Miembro fundador del grupo de derechos Free Laos, creado por trabajadores y residentes de Laos en Tailandia para promover los derechos humanos y la democracia en su país de origen, Khoukham dijo el mes pasado que había terminado sus actividades políticas mucho antes de su arresto como una de las condiciones. de su reconocimiento por la ONU como refugiado. Dijo en su momento que estaría dispuesto a viajar a un tercer país, aunque prefería quedarse en Tailandia.
Netiwit Chotiphatphaisal, un activista por la democracia en Tailandia, dijo a RFA que estaba aliviado de que su amigo pudiera viajar a Canadá porque “anteriormente había caído en un estado de crisis y casi lo enviaron de regreso a Laos.
“Anteriormente, había algunos laosianos en Tailandia que fueron enviados de regreso a Laos, por lo que estaba aterrorizado y no podía dormir”, dijo Netiwit, quien fue a despedir a Khoukham en el aeropuerto.
“Su vida ha sido una lucha. Llevaba más de un mes luchando, incluso mientras luchaba por la libertad del pueblo laosiano”.
Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, acogió con satisfacción la noticia de la partida de Khoukham.
“Estoy feliz de que se le permitiera ir, pero desafortunadamente nunca debió haber sido detenido en primer lugar cuando no había hecho nada malo”, dijo. “Él no es un criminal, es solo un hombre que lucha por los derechos humanos, y no merecía ser arrestado y encarcelado”.
Robertson agregó que los activistas por los derechos humanos y la democracia de Laos que viven en Tailandia están cada vez menos dispuestos a reunirse porque temen ser enviados de regreso a Laos.
Duro con los críticos
Laos trata con severidad a los disidentes que piden democracia y respeto por los derechos humanos en el estado comunista de partido único, y los disidentes laosianos que viven en el extranjero han sido severamente castigados después de regresar o ser obligados a regresar a Laos.
Tailandia ha acogido a cientos de miles de refugiados que huyen de la guerra, los desastres naturales y las violaciones de los derechos humanos en los países vecinos.
Sin embargo, los grupos de derechos humanos critican al gobierno autoritario de Tailandia por casos recientes en los que devolvió refugiados y solicitantes de asilo a China, donde enfrentan tortura, persecución y otros abusos contra los derechos.
En noviembre pasado, las autoridades tailandesas arrestaron y deportaron a Camboya a dos activistas de la oposición política prohibida después de que el primer ministro de Camboya, Hun Sen, ordenara el arresto de uno de ellos por un poema que criticaba al dictador en Facebook.
A principios de 2019, el bloguero vietnamita Truong Duy Nhat fue arrestado por la policía real tailandesa y entregado a la policía vietnamita, que lo llevó al otro lado de la frontera con Laos y de allí a Vietnam.
Nhat, quien había sido colaborador semanal del Servicio Vietnamita de RFA, fue sentenciado en 2020 a diez años de prisión por “abusar de su posición y autoridad” en un caso de fraude de tierras que data de hace una década.
Reportado y traducido por el Servicio Lao de RFA. Escrito en inglés por Joshua Lipes.
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