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Activistas instan a corte de derechos humanos a condenar prohibición de aborto en El Salvador

por Redacción BL
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SAN SALVADOR (Reuters) – Activistas por los derechos de las mujeres pidieron el lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene a El Salvador en un caso iniciado hace una década por una mujer que murió tras ser obligada a tener un embarazo, aunque el feto no pudo sobrevivir.

En febrero de 2013, a una joven conocida solo como Beatriz se le diagnosticó su segundo embarazo de alto riesgo.

Al vivir con la enfermedad de lupus, le dijeron que probablemente moriría si el embarazo continuaba y la anencefalia, una condición letal en la que partes del cerebro y el cráneo no se desarrollan dentro del útero, significaba que el feto no podía sobrevivir.

Beatriz apeló ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la justicia salvadoreña rechazó su pedido de aborto y en junio se sometió a una cesárea. El niño murió horas después. La salud de Beatriz se deterioró y murió cuatro años después, a los 26 años.

«Nos llenó de dolor su fallecimiento y aún lo estamos cuando vamos a visitar su tumba», dijo su hermano Humberto en conferencia de prensa. «Su hijo pregunta dónde está su mamá y abraza su lápida».

Uno de los países más pobres de América Latina, El Salvador, a principios de siglo introdujo una prohibición general del aborto, revirtiendo los intentos anteriores de evitar que las mujeres murieran en operaciones ilegales e inseguras.

Hasta el año pasado, el grupo de derechos estimó que más de 180 mujeres habían sido procesadas bajo algunas de las leyes de aborto más duras del mundo, que prohíben el aborto incluso cuando es accidental, como resultado de una violación o realizado para salvar la vida de una mujer.

Definiciones legales poco claras han permitido a los jueces imponer a las mujeres penas de 30 a 50 años por el delito de homicidio.

La CIDH se pronunciará sobre el caso los días 22 y 23 de marzo en Costa Rica.

“Esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado y esto pueda generar un cambio estructural”, dijo la activista Sara García. “No queremos que más Beatrices vivan esta historia”.

(Reporte de Wilfredo Pineda y Sarah Morland; Editado por Stephen Coates)

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