Redacción
Para descongestionar los tres patios oficiales de la ciudad, donde hoy yacen 25.000 vehículos que ocupan el 95 % del espacio, la Secretaría de Movilidad empezará el proceso de chatarrización de 600 automotores que aún no son reclamados por sus propietarios.
De acuerdo con el titular de la cartera, Juan Carlos Orobio, para tomar esta determinación se realizó un avalúo a 7000 vehículos, con el fin de determinar cuál es su estado actual y qué valor comercial podrían tener en el mercado para definir su suerte.
“Lo que arrojó el estudio es, básicamente, que el único valor comercial que tienen estos vehículos es su peso como chatarra. Por eso iniciamos el proceso judicial de ley para declarar 600 vehículos en abandono y así entregárselos a un desintegrador oficial que estamos próximos a seleccionar. En principio será esa cantidad de automotores, pero los estudios que realizaremos dirán si los vehículos a chatarrizar crece más”, dijo Orobio, quien señaló que el proceso de notificación a los propietarios de los automotores está en curso y que la desintegración se realizará en agosto de este año.
Según explicó Carlos Alberto Santacoloma, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, una de las principales razones por las que se están inmovilizando los vehículos en Cali es por prestar el servicio de transporte informal. “Esto agrava mucho la situación, porque los piratas no retiran los carros, sino que los dejan tirados y eso hace colapsar los patios. Lo mismo pasa con las motocicletas, que son la mayoría de los vehículos que tenemos estacionados”.
Según explicó Orobio la desintegración de los vehículos, además de tener como propósito la liberación de espacio en los patios, tiene fines de disminuir el impacto ambiental y de riesgos de problemas de salubridad.
‘Ley de Patios’, de difícil ejecución
Según la Ley 1730 de 2014, también conocida como la ‘Ley de Patios’, si pasado un año el propietario de un vehículo inmovilizado no lo reclama, la autoridad de tránsito podrá declararlo en abandono y posteriormente proceder a su venta. Cabe anotar que en diciembre del 2016 la Secretaría de Movilidad publicó una lista en la que declaró 17.540 vehículos en abandono por sus propietarios. No obstante, solo se ha cumplido la mitad del proceso, pues cuatro años después de sancionada la Ley aún no se han podido vender los automotores que ya no tienen dueño.
Cuando hay procesos de remate de automotores abandonados, con el dinero que ingrese por la venta de los vehículos se paga lo que se le adeuda al Municipio (grúa, parqueadero y la multa), a la Gobernación (el impuesto automotor) y si queda un excedente se consigna en una cuenta especial a nombre del propietario del vehículo.
El abogado especialista en derecho de tránsito, Víctor Hugo Vallejo, puntualizó que “esto no es concebido como una expropiación sino que es la realización de un costo para pagar las deudas que pueda tener el propietario registrado del vehículo. Este es un proceso engorroso y costoso, que pocas entidades han asumido hasta ahora a pesar de la vigencia de la ley; en Bogotá se acaba de hacer y se recaudaron $59 millones”.
Vallejo remarcó que desde que se estaba tramitando el proyecto de ley en el Congreso existían dudas sobre cómo proceder en estos casos, dado que la Constitución de Colombia garantiza el derecho a la propiedad.
“Esto no se ha podido hacer por los costos que tiene, porque se requiere de peritos avaluadores y estos son auxiliares de la justicia que tienen determinadas tarifas que deben ser costeadas por la autoridad de tránsito; la subasta requiere la participación del Banco Popular y la Caja Agraria y esos servicios también son costosos. Los municipios no cuentan con los recursos suficientes para costear un proceso administrativo como el que plantea la Ley 1730”, advirtió Vallejo.
Una opción para los desahuciados
El avalúo realizado por la Secretaría de Movilidad a los automotores asentados en los patios arrojó que aún hay varios de estos vehículos que todavía conservan características funcionales, por lo que pueden ser recuperados por sus dueños para ponerlos a circular.
“Hay unos vehículos que tienen vida útil, por eso establecimos descuentos en los costos de patios y grúas con el fin de que las personas puedan acercarse y recuperar su patrimonio. Eso consiste en que los automotores que llevan más de sesenta días tendrán un descuento del 10 % en los costos”, señaló Orobio, quien dijo que los vehículos que llevan más de un año estacionados en los patios tienen una rebaja hasta del 75 % en los costos pendientes de pago.
Según señaló Santacoloma, en promedio, los conductores suelen tardar entre tres y cinco días en retirar los vehículos de los patios, por lo que con este tipo de estrategias se apunta a reducir a uno o dos días la estancia de los automotores en los lotes del Municipio.
Sin embargo, Johnny Guerrero, un motociclista al que hace cuatro años le inmovilizaron su vehículo, señaló que “sacar la moto hoy me costaría más de $2 millones, es una moto vieja y, sinceramente, por más descuentos que hagan no es viable pagar porque hoy se puede comprar una nueva por esa misma cantidad de dinero”.
0, 8% de los vehículos que se encuentran en los patios son motocicletas, 7,9 % carros, 1,2 % son bicicletas.
5474 vehículos inmovilizados entre el 2007 y el 31 de diciembre del 2017 están en los patios por accidentes.
3 patios tiene Cali. Uno está situado en la Calle 32 # 7-178, otro en la Carrera 8 # 20-68 y otro se ubica en la Carrera 61 # 26-54.
Tarifas de los patios
Para motos, motocarros y similares el día vale $13.000.
Los automóviles, camionetas, camperos, microbuses y furgones de menos 2 toneladas deben cancelar $26.000 diarios.
El costo de un día en los patios para los buses, busetas, volquetas, maquinaria agrícola, camiones de hasta dos ejes y furgones de 2 a 5 toneladas es de $65.000.
Los camiones de más de dos ejes, los tractocamiones y los furgones de más de 5 toneladas deben pagar $78.000 por un día de parqueo.
El servicio de grúa cuesta $52.100 para las motos, $78.100 para autos, $104.200 para buses y carros de gran calado y $107.900 para camiones y furgones de más de 5 toneladas.
El País
