El texto de la ONU alerta de torturas a la oposición y posibles ejecuciones extrajudiciales.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este jueves a Nicolás Maduro a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.
Además el texto detalla que fuerzas de seguridad arrestaron y dispararon a jóvenes, les plantaron drogas, armas y manipularon evidencia para que pareciera que resistieron al arresto, como parte de una estrategia del gobierno para neutralizar a la oposición en el país.
El informe que presentará este viernes la comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet en Ginebra, advierte de que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.
Según el documento, desde 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este jueves a Nicolás Maduro a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.
Además el texto detalla que fuerzas de seguridad arrestaron y dispararon a jóvenes, les plantaron drogas, armas y manipularon evidencia para que pareciera que resistieron al arresto, como parte de una estrategia del gobierno para neutralizar a la oposición en el país.
Revolución que tortura
‘La tortura ya es una política de Estado en Venezuela’: exfiscal
El informe que presentará este viernes la comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet en Ginebra, advierte de que, «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas.
Según el documento, desde 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».
El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
También denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.
Asimismo, les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como «colectivos», y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales, al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad.
Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.
El informe también indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Ante estos abusos, «son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial» y «quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos», subraya.
El documento detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes»: «Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluye Bachelet.
Éstas denuncias resultan poco después de que la alta comisionada visitó Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó -reconocido por más de medio centenar de países- y otras personalidades. Tras la visita permanecieron en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría para prestar asesoramiento y supervisar la situación de los derechos humanos.
«El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión», afirmó Bachelet en el comunicado.
Además, a principios de esta semana Bachelet pidió una investigación «independiente, imparcial y transparente» de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.
Efe
