Redacción
El próximo jueves 22 de noviembre arrancará una de las discusiones más acaloradas del año en materia económica: la del salario mínimo, la cual trae como antesala la controversia generada por la propuesta del IVA a toda la canasta familiar, sumada a la idea del senador Álvaro Uribe Vélez de entregar una prima adicional a los trabajadores que reciben hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cada año, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por los representantes del Gobierno, las centrales de trabajadores y pensionados, y los representantes de los principales gremios empresariales, en calidad de empleadores, fija el nuevo salario mínimo a partir de los componentes: la inflación y el Índice de Productividad, un indicador que es calculado por Planeación Nacional.
“La perspectiva de negociación y acuerdo va a ser supremamente complicada”, asegura Luis Alejandro Pedraza, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Explica que ligado a las preocupaciones de la nueva ley de financiamiento, están” las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), de que el incremento al salario mínimo no debe ser superior a la inflación causada”, lo cual dificultará cualquier acuerdo.
Además de la ley de financiamiento, el otro punto de discusión serán los dos proyectos de Ley que se radicaron desde el Centro Democrático: uno propone darle al Gobierno facultades para que decrete un alza extraordinaria del salario mínimo y el otro tiene como objetivo que quienes devenguen hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes reciban, en dos cuotas pagadas en marzo y septiembre, el equivalente a 15 días del salario mínimo.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley, se dice que hay un estancamiento de la clase media en los últimos dos años, sumado a que solo 44% de la clase media está consolidada, mientras el resto está en la categoría que denominan clase media emergente o vulnerable, es decir, “quienes tienen alto riesgo de caer nueva mente en la pobreza”.
La propuesta del senador Uribe fue presentada en compañía del también congresista Gabriel Velasco.
Rosmery Quintero, presidente de Acopi, gremio que representa a los microempresarios, sostiene que la discusión debe considerar el efecto del IVA que plantea la llamada ley de financiamiento.
Los sindicatos han anticipado que el reajuste debe ser de entre el 8% y el 10% para el 2019, se aprobarse el IVA toda la canasta familiar.
El País
