El Consejo de Estado anuló un laudo arbitral que le exigía a la entidad pagarle $15.000 millones a consorcio de la firma Conalvías.

l lío que tenía el Instituto Nacional de Vías (Invías) y un consorcio en el que participaba la empresa Conalvías, que actualmente está en proceso de reestructuración, cerró este jueves su capítulo.

Este jueves se conoció que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló un laudo arbitral, que había sido proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a favor de Conalvías.

En su momento, el tribunal fue convocado para dirimir la diferencias entre el Invías y el Consorcio Doble Calzada Buenaventura (conformado por Conalvías S.A, ASMI Construcciones S.A. y Puentes y Torrones S.A.), en el marco de un contrato que se había firmado en el 2006.

De acuerdo con la sentencia, el Consejo de Estado negó las pretensiones económicas del Consorcio Doble Calzada Buenaventura, que, según la liquidación del Invías, eran de más $9.000 millones y que para el conglomerado ascendían a los $15.000 millones.

En ese sentido, cabe recordar que, según lo estipuló el tribunal de la CCB, el instituto tenía que cancelar dicha suma de dinero a la organización que construía la doble calzada entre Buga y Buenaventura.

Por otro lado, además de anular el laudo arbitral, el Consejo de Estado también negó la restitución de honorarios, por lo que tampoco se tendrán que pagar los gastos a los que se incurrieron en dicho proceso judicial.

Según destacó el Invías en un comunicado, “esta decisión garantiza los derechos del Instituto Nacional de Vías en defensa del patrimonio público”, manifestó la entidad.
Cabe recordar que el consorcio involucrado en este caso ejecutó las obras de la primera fase de construcción de la vía que comunica al centro del país con el puerto, ubicado sobre el Pacífico colombiano, en el tramo Altos de Zaragoza – Cisneros.

¿EN QUÉ VA EL CASO CONALVÍAS?

Aunque Conalvías era solo una de las firmas que participaron en el consorcio para construir la carretera que conectaba Buga y Buenaventura, es la que ha tenido más dificultades del orden económico y jurídico, pues hace más dos años le aprobaron su reorganización.

Por otro lado, quien era su director, Andrés Jaramillo, es acusado por una presunta adjudicación indebida de los contratos de la fase III del TransMilenio, en Bogotá.

El empresario fue imputado en septiembre del año pasado por, supuestamente, ser parte del ‘Cartel de la contratación’ porque se cree que hizo que el exconcejal José Juan Rodríguez hiciera que la licitación favoreciera a su empresa, Sociedad Futura.

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