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Cada vez son menos, pero a la institución le preocupa la frecuencia de nexos con bandas criminales.

Hace apenas unos días, un juez de Ansermanuevo, Valle del Cauca, dictó medida de aseguramiento contra ocho uniformados de la estación de policía de El Billar, donde supuestamente se había suicidado un hombre que fue detenido horas antes por protagonizar una riña. Pero según encontró la Fiscalía en su investigación, el hombre no se habría colgado con una soga, como dijeron los uniformados, sino que habría sido asesinado. El cuerpo presentaba varias contusiones.

Este es solo el capítulo más reciente en la lista de 80 policías capturados en lo que va de este año por actos de corrupción y faltas en su deber, de acuerdo con un reporte de la Fiscalía.

En el mismo reporte aparecen tres uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá a los que se les dictó medida de aseguramiento por hacer parte de una red dedicada al hurto en el sistema de transporte masivo TransMilenio, que también estaba integrada por cuatro civiles. Los uniformados –dice la investigación– recibían dinero para facilitar la acción de los atracadores.

Según cifras de la Policía, en el 2016 fueron capturados 650 uniformados por varios delitos y esa cifra se ha venido reduciendo. En el 2017 se registraron 583 capturas, y el año pasado, a corte del mes de octubre, iban 450 integrantes de la Fuerza Pública detenidos.

Según estadísticas de la Inspección de la Policía, el mayor número de capturas de uniformados en el 2017 se dio por concierto para delinquir, con 143 casos. Por concusión y cohecho detuvieron a 64; por hurto, a 63; por homicidio, a 49, y por violencia intrafamiliar, a 33 policías. Además, entre el 2016 y el 2018 hubo 10.600 medidas disciplinarias contra uniformados por hechos de corrupción. Hubo 2.350 destituciones y 3.900 suspensiones.

Uno de los hechos de corrupción más preocupantes para la Policía es la inclusión de uniformados en la nómina de grandes redes criminales, como el ‘clan del Golfo’.

Además, la aceptación de pagos por entregar información a organizaciones ilegales o por hacerse los de la vista gorda frente a las bandas dedicadas al microtráfico en las calles de las principales ciudades del país.

En el dosier de policías capturados este año aparecen cuatro uniformados de Buenaventura, Valle del Cauca, señalados de pedir dinero a cambio de permitir el paso de tractocamiones con mercancía hurtada; tres vinculados al robo de 40 millones de pesos a un ciudadano que acababa de recibir 110 millones de pesos por la venta de un carro en el centro de Bogotá y un patrullero sorprendido en una casa de Roldanillo, Valle, con 41 kilos de marihuana y dinero, al parecer, producto de la venta de estupefacientes.

Purgas regionales
Solo el jueves pasado el Comando de la Policía de Antioquia relevó a todos los uniformados pertenecientes al comando de Caucasia, municipio del Bajo Cauca, por denuncias sobre supuestos nexos de los uniformados con redes de microtráfico y extorsión. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que, incluso, los mismos policías estarían cobrando las extorsiones a la comunidad. El Bajo Cauca antioqueño es una de las zonas del país más violentas por la presencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión.

Una purga similar a la de Caucasia se había registrado en el comando de Policía de Tumaco, Nariño, en octubre del 2017. Fueron sacados de la zona y reubicados 102 uniformados: dos oficiales, 20 del nivel ejecutivo y 80 patrulleros, tras la masacre de seis campesinos.

El plan anticorrupción
Desde mayores controles en el proceso de reclutamiento y formación de los uniformados hasta más seguimiento a sus actividades hacen parte del
plan anticorrupción 2019-2022 de la Policía Nacional.

El documento establece que se ha fortalecido la contrainteligencia para detectar eventuales actividades ilegales de los uniformados y se han creado mecanismos para atender con mayor celeridad las quejas y denuncias de los ciudadanos.

Por otro lado, de acuerdo con el plan anticorrupción, la Policía está aplicando pruebas de credibilidad y confianza cuando hay sospecha sobre el comportamiento de los integrantes de la Fuerza Pública.

El Tiempo

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