Redacción
En Santander hay desconcierto luego de que le fuera otorgada casa por cárcel a Germán Trujillo Manrique, el llamado ‘zar’ de los refrigerios escolares.
El hombre, de 48 años y esposo de la exgobernadora del Huila Cielo González, permaneció 5 meses prófugo y la Fiscalía lo calificó como el determinador del desvío de parte de un contrato por 35.700 millones de pesos para refrigerios de niños de 82 municipios de Santander.
De hecho, dentro del proceso está probado que justificó los cobros de los refrigerios usando recibos de una empresa de grúas, un taller de mecánica automotriz y un par de asociaciones de padres de familia de colegios del Huila.
Además, que entre la comida ‘balanceada’ para los niños había entrega de tamales por cerca de 30.000 pesos la unidad.
Investigadores del CTI viajaron al Meta, en donde quedaba una de las supuestas proveedoras de raciones escolares y encontraron el local de grúas. Además, comprobaron que parte de los dineros del contrato fueron desviados a una fiducia para comprar un apartamento en Bucaramanga.
A pesar de la evidencia en su contra, su defensa logró el beneficio judicial y ahora espera una sustancial rebaja a la pena que le espera: entre 6 u 8 años.
“Mi cliente se entregó voluntariamente y, además, reintegró 2.283 millones de pesos, que es lo que la Fiscalía estima que debió girar por concepto de excedentes”, le explicó a EL TIEMPO Darío Bassani, defensor de Trujillo.
De 6 a 8 años de cárcel
Según el penalista, su cliente no era fugitivo, pues aunque desde diciembre varios medios publicaron que tenía una orden de captura, él no se había enterado e “inicialmente fueron simples especulaciones”.
Y sobre las facturas falsas, Bassani explicó que un empleado de la empresa de Trujillo confundió la contabilidad y envió soportes de otro contrato.
“Mi cliente aceptó cargos para evitar el riesgo de una mayor condena, pero lo de las facturas fue un error. Nunca se les dio tamales a los niños y lo de las grúas era de otro negocio. En el tema de los excedentes, consideramos que hacen parte de las ganancias de su empresa. Sin embargo, respetamos el criterio de la Fiscalía y por eso se reintegró el dinero”, dijo el penalista.
Para la Fiscalía, sin embargo, los recibos de talleres y grúas para cobrar refrigerios constituyen una falsedad en documento privado. Y los excedentes del contrato, por el que se pagaron 35.700 millones de pesos, debían haber vuelto a las arcas del departamento.
En las próximas semanas, un juez deberá tasar la pena que le espera a Trujillo, que ya no tiene más procesos, a pesar de que desde 2011 viene siendo denunciado por irregularidades en el suministro de raciones.
“Este es el único proceso en su contra y el de Santander era el último contrato que suscribió su empresa, la cual fue liquidada el año pasado”, explicó Bassani.
Pero, desde hace siete años, EL TIEMPO denunció que Trujillo era uno de los empresarios que acaparaba contratos en decenas de departamentos, alcaldías e incluso en el ICBF.
Además se reveló que denuncias en poder de la Fiscalía lo conectaban con el político Édgar Torrado. Según testimonios, Trujillo estaba detrás de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, que –sola y en consorcio con firmas vinculadas al clan Torrado– ha ganado una treintena de contratos con el ICBF para suministro de raciones a abuelos, niños y población desplazada en Huila, Caquetá, Tolima y Meta.
Pero esas denuncias nunca prosperaron.
UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO
