Hoy se instala –y celebra la primera de sus tres sesiones– la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial.
Tras anunciarla hace más de dos semanas en la clausura del congreso de la Andi, el presidente Iván Duque y su equipo económico se sentarán a discutir con gremios y empresarios sobre estrategias de reactivación y salvamento para las empresas colombianas.
A los tres representantes gremiales –Andi, Fenalco y Acopi– se suman seis empresarios de distintos sectores y tamaños: desde servicios comerciales hasta fintech y desde la industria hasta la Bolsa de Valores.
El momento en que entra a operar esta Comisión no puede ser más oportuno. Tras más de cinco meses de cuarentenas, el Gobierno Nacional arrancó este mes con una nueva etapa de reapertura económica.
No obstante, el impacto de la pandemia del coronavirus y las medidas sanitarias asociadas a su lucha no solo hundieron la economía al peor trimestre de la historia sino también dispararon las tasas de desempleo a niveles alrededor del 20 por ciento.
Los choques simultáneos a la oferta y la demanda desplomaron la industria, el comercio y los servicios. Aunque los indicadores, e incluso la confianza, han mostrado una evidente mejoría después de haber tocado fondo en abril, los efectos en el tejido empresarial colombiano son alarmantes.
A esta situación de emergencia, –una eventual “pandemia empresarial” como la calificó el Superintendente de Sociedades Juan Pablo Liévano– se suman retos de liquidez, una demanda deprimida, restricciones en los canales de venta, la producción y la distribución y recortes de personal.
El Gobierno Nacional ha incluido en su estrategia de atención a la crisis del coronavirus un componente empresarial. Ha destinado 9,3 de los 28 billones de pesos del Fondo de la Emergencia (Fome) al pilar de la protección de empleo.
Más de 7,3 billones de pesos ha desembolsado el Fondo Nacional de Garantías a unas 249 mil empresas. El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) ha dado subsidios al pago de nóminas a más de 131 mil empleadores y beneficiado a 3,2 millones de trabajadores. Se espera que el Congreso de la República aprueba rápidamente su extensión hasta diciembre.
El Gobierno Nacional se siente satisfecho con el diseño y la magnitud de este paquete de ayudas a las empresas y no parece estar abierto a ampliarlas. De hecho, en entrevista con este diario, el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño expresó que se espera “que la reactivación de aquí a diciembre esté al 100 por ciento, para no tener que hacer uso de más herramientas” como subsidios.
El primer reto de los nueve representantes del sector privado en esta Comisión es persuadir al presidente Iván Duque y su equipo económico de la necesidad de un paquete más robusto de medidas. Los nubarrones que amenazan al tejido empresarial no se han despejado del todo.
Este espacio de diálogo entre Gobierno y empresarios es una necesaria oportunidad para discutir propuestas, instrumentos y herramientas como, por ejemplo, los créditos directos a la empresa, esfuerzos más intensos a favor de las medianas y pequeñas compañías e inclusos paquetes de capitalización.
Si bien las tres sesiones predeterminadas no parecen constituir un tiempo suficiente para concertar la estrategia del salvamento empresarial, los comisionados del sector privado tienen un doble responsabilidad. La primera es transmitirle a la Casa de Nariño los desafíos que las compañías, grandes, medianas y pequeñas, están enfrentando hoy. Y la segunda es lograr definir una serie de recomendaciones sensatas y ejecutivas.
Al Gobierno le corresponde escuchar el clamor empresarial con genuino deseo de ayuda.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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