Las relaciones entre la Alcaldía de Medellín, EPM y el Gobierno Nacional están cada vez más rotas, según dejó entrever este martes el alcalde Daniel Quintero.
Un día después de que EPM formalizara que las obras civiles de las unidades de generación 3 y 4 le fueron otorgadas a Schrader Camargo S.A.S., que también puja en la licitación de las obras finales en alianza con la firma china Yellow River, el mandatario local aprovechó para lanzar nuevos dardos a Bogotá.
En una rueda de prensa realizada durante la mañana de este martes, Quintero acusó a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y a la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad González, de ir en contravía de la opinión del presidente Gustavo Petro y hasta las graduó de enemigas de EPM.
“No hemos recibido de parte del Gobierno Nacional el apoyo que esperábamos, en especial de la ministra de Minas y Energía y de la ministra de Medio Ambiente. Lo que hemos visto es una especie de presión para que corramos en el proceso. (…) a pesar de que el presidente está de acuerdo con que haya pruebas, ellas, de alguna manera, pareciera que quisieran que sancionaran a EPM”, dijo Quintero.
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Las declaraciones de Quintero se suman a otros dardos que el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ya había lanzado la semana pasada hacia la Nación, aseverando que la empresa no necesitaba de la opinión de ninguna entidad nacional en caso de querer tomarse más tiempo para encender la hidroeléctrica.
“Las pruebas se van a hacer todas, diga lo que diga quien lo diga. (…) Este es un proyecto que ya tuvo un siniestro, donde quisiéramos tener más holgura para poder tener unas pruebas, pero eso, nos lo den o no nos lo den, vamos hacer las pruebas completas”, dijo entonces Carrillo.
Unas relaciones que ya venían rotas
Cabe recordar que la controversia por el encendido de Hidroituango se intensificó desde mediados de octubre pasado, cuando luego de varias semanas de hermetismo, EPM empezó a dar señales de necesitar más tiempo para poner a funcionar las dos primeras unidades de generación.
Pese a que el alcalde Quintero y el gerente Carrillo habían anunciado por cuenta propia que la hidroeléctrica se inauguraría el 26 de julio (fecha del cumpleaños del alcalde) y luego el 15 de octubre, ninguna de esas dos fechas se cumplió.
A mediados de octubre, el alcalde Quintero comenzó a advertir que la empresa quería contar con más tiempo para instalar y calibrar esas dos primeras unidades y presentó la citación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) como una salida para que la empresa pudiera zafarse de un incumplimiento ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Vale recordar que ante esta última autoridad, EPM se comprometió a encender Hidroituango a más tardar el 30 de noviembre de este año, para hacerse acreedor a unas millonarias asignaciones por el cargo de confiabilidad.
En caso de no cumplir con esas fechas, la empresa se arriesga a perder cerca de 65 millones de dólares anuales por 18 años (que suman cerca de 4,5 billones de pesos) y además se arriesgaría a que XM ejecute una garantía que hoy asciende a los 190 millones de dólares (que equivalen a más de 880.840 millones de pesos).
“Si hacemos las pruebas tradicionales que hay que hacer en el proyecto, estaríamos entrando antes del 30 de noviembre las dos turbinas. Pero si hay que hacer pruebas adicionales por el nivel de riesgo del proyecto eso se iría más allá del 30 de noviembre”, dijo. “Citar el PMU permite que esa decisión de pruebas adicionales sea una decisión de riesgo y por tanto en este caso no aplicarían sanciones”, planteó Quintero entonces.
Tal como lo ha venido contando este diario desde finales de octubre pasado, el Puesto de Mando Unificado (PMU) ha sido un espacio lleno de desencuentros.
El más reciente se produjo el pasado 25 de octubre, cuando la empresa no entregó una circular de riesgos sobre el proyecto actualizada y varios de los funcionarios que encabezan ese espacio se abstuvieron de tomar una decisión hasta no tener más información por parte de EPM.