Un estudio sectorial sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud, adelantado por la Contraloría General de la República, con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), evidenció riesgos frente a la sostenibilidad del Soat y revela que la falta de coordinación entre las entidades responsables como el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y la Adres podría afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas.
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Estos riesgos están asociados con los cambios que trajo la implementación del Decreto 2497 de 2022 en el que fueron definidas categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se disminuyó el 50% del valor de la póliza Soat a los propietarios de vehículos ciclomotores; motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal.
Por lo anterior, se efectuaron ajustes a los montos establecidos para los pagos de la cobertura de los servicios de salud, prestados a las víctimas de siniestros viales, que va hasta los 300 SMDLV con cargo a las empresas aseguradoras y entre 300 y 800 SMDLV con cargo a la entidad administradora de los recursos de la salud.
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Esta situación, advierte la Contraloría, podría afectar la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superen los 300 SMDLV y hasta los 800 SMDLV, que implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, que para la vigencia 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones.
Soat
iStock
Además, al no lograr el aumento de asegurados con la póliza Soat y con la reducción de la tarifa, se vienen disminuyendo las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que administra la Adres, del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -Fonsat- destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados y otros recursos de la contribución destinados para la cofinanciación del Régimen Subsidiado; monto que se estima supera los $300.000 millones, para 2023.
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Además, estos riesgos aumentarían ante la falta de claridad en los procedimientos y alistamiento institucional oportuno para implementar el Decreto 2497 de 2022, lo que ha ocasionado represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023, y según estimaciones, podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores.
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Sobre este análisis, Contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que “desde la CGR estaremos vigilantes y realizaremos las advertencias necesarias para promover la transparencia, la eficiencia y la calidad en la atención a las víctimas de eventos de tránsito. Instamos a las entidades competentes a tomar las medidas correspondientes para superar estos desafíos financieros e institucionales, así como garantizar una atención en salud integral y oportuna a todos los actores viales del país”.
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