¿Por qué será que la sudafricana AngloGold Ashanti (AGA), propietaria de Minera de Cobre Quebradona, dice que “la mina es un hecho” y funcionarios del Gobierno manifiestan que “la mina va porque va”?
AGA no tiene licencia ambiental ni social. Como mecanismos de presión vienen ofreciendo con el tiempo reemplazar al Estado, prometiendo la construcción y pavimentación de cientos de kilómetros de carreteras, la construcción y dotación de hospitales, e intervienen en el sistema educativo, adicionan el presupuesto de Jericó, participan en política y en decisiones claves para los destinos de la región. ¿Por qué las entidades de control no concluyen las investigaciones iniciadas con múltiples denuncias?
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AGA tiene un discurso para el país y otro para el exterior. En Colombia hablan de una mina y afuera, según palabras del CEO local Felipe Márquez (https://bit.ly/FMarquez): “…Quebradona hace parte de un distrito minero…”. Ya no es solo una mina lo pretendido, es una toma hostil de un territorio. “Creo que tenemos una gran oportunidad de repensar el suroeste donde el centro sea la mina…”. ¡Más faltaba! “…Seguimos esperanzados en que utilizando mecanismos virtuales y ayudas tecnológicas podamos lograr el licenciamiento este año”.
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¿Será que piensa que con audiencias virtuales a los campesinos de la región donde no existe conectividad pueden manipular la información? O ¿será que pretende realizar estas audiencias con los pocos privilegiados con computadores y conectividad que reciben, siempre y cuando manifiesten simpatía por la explotación minera?, ¿será que para AGA donación es igual a beneficio?
¿Los colombianos nos vamos a dejar imponer el destino de una región para privilegiar intereses extranjeros, como lo sugiere Márquez? ¿Dónde están los dirigentes y líderes gremiales del país? Los campesinos de la región han defendido su territorio y el de sus futuras generaciones para evitar la destrucción del ecosistema, fuentes hídricas, tejido social y patrimonio cultural.
¿Será que para AGA donación es igual a beneficio?
Esta región, al igual que otras del país, sufre las consecuencias del cambio climático con sequías cada vez más prolongadas en el verano y lluvias más torrenciales en el invierno.
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¿17.000 toneladas diarias, provenientes de un cráter a cielo abierto, que serían arrojadas vía túnel a la ladera colindante con el río Cauca, no afectarán los acuíferos? ¿Será que montañas artificiales de desechos tóxicos ubicadas sobre una falla sísmica no se deslizarán? ¿Será que su colosal peso no afectaría las vías 4G? ¿Qué pasaría con el Cauca, las poblaciones ribereñas e Hidroituango si esto sucediera, como ha ocurrido en el mundo entero?
Los agricultores de cítricos, vocación del cañón del río Cauca, no han sido informados de los perjuicios causados por AGA en Ghana, donde instituciones científicas han comprobado altos contenidos de arsénico, mercurio y zinc en las naranjas cultivadas cerca de la mina Obuasi, y la disminución de producción agrícola de la región para varios productos.
Greenpeace manifestó sobre Jericó: “Las actividades de la empresa (AGA) implican un peligro serio para las fuentes hídricas de la región y en especial para el río Cauca y sus afluentes; el Estado debe garantizar el derecho a un ambiente sano y al agua potable de sus habitantes”. Ya la había designado como la más irresponsable del mundo con el medio ambiente.
Las autoridades ambientales, los políticos y los colombianos, en general, debemos conocer los perjuicios causados al planeta por esta minera: bit.ly/el-video-que-AngloGold-Ashanti-no-quiere-que-veamos.
¿Será que ya todo está arreglado? ¿Por qué será que las investigaciones llegan después de hechos cumplidos y damos pie a demandas contra el Estado?
Las actividades de la empresa (AGA) implican un peligro serio para las fuentes hídricas de la región
Ojo, si Anla rechaza oportunamente la licencia ambiental, acorde con los estudios técnicos que así lo recomiendan, no hay lugar a indemnización alguna aun si hay demanda. El precedente es claro en el caso de El Salvador, en el Centro Internacional de Arbitraje y Resolución de Disputas del Banco Mundial.
Por el contrario, si se otorga bajo la presión que actualmente se ejerce, la decisión estaría sujeta a una posterior revocatoria, como debe ser, y la correspondiente consecuencia de revocar o anular consolidaría una demanda millonaria contra el Estado.
El deber ser es negar oportunamente las licencias ambientales de minería de metales en zonas de biodiversidad estratégica o con vocaciones definidas incompatibles con la minería, y evitar así que el Estado pierda millonarias sumas de dinero con demandas que, en últimas, se pagan con nuestros impuestos.
La ecuación costo-beneficio no cuadra para los colombianos, no dejemos que nos quiebre Quebradona.
JOSÉ ROBERTO ARANGO PAVA
ECONOMISTA
PARA EL TIEMPO