Las cifras de empleo en abril de este año solo se pueden calificar como catastróficas. La tasa de desempleo subió de 10.3% en abril de 2019 a 19.8% y en ese mismo periodo se perdieron 5.4 millones de empleos, lo que equivale al 24.5% de los ocupados que había hace un año.
Aún más grave es que la fuerza laboral se redujo significativamente porque muchas de las personas que perdieron su trabajo no salieron a buscar empleo en abril. Si lo hubieran hecho, la tasa de desempleo habría superado el 32%. Adicionalmente, hace un año sólo el 19% de los ocupados trabajaba menos de 20 horas semanales, pero en abril de este año ese porcentaje aumentó a 49%. Esto significa que los hogares sufrieron una fuerte reducción de sus ingresos, tanto por la pérdida de empleos como por el menor número de horas trabajadas.
Lo anterior va a profundizar la recesión económica y hará más lenta la reactivación, especialmente en una economía como la nuestra, en donde el gasto de los hogares representa dos terceras partes del PIB y que va a requerir de un gran impulso de la demanda interna, ante las enormes dificultades que seguirá enfrentando el comercio internacional.
Las cifras de empleo muestran que las medidas de confinamiento son insostenibles, especialmente en un país donde la informalidad laboral es superior a la mitad del total de ocupados. Esto seguramente acelerará la reapertura de la economía, pero bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria.
Por su parte, es muy probable que el Gobierno replantee su estrategia para enfrentar la crisis, incluyendo la magnitud de sus medidas. El principal enfoque debería pasar a ser la generación de empleo, a diferencia de lo que se había hecho hasta ahora, que se centraba en proteger el empleo y en compensar la caída de los ingresos de los hogares.
Colombia necesita un plan de reconstrucción laboral con componentes similares a los del “New Deal” que se implementó en EEUU durante la Gran Depresión en la década de 1930. Para esto se van a necesitar más recursos fiscales de los que se han anunciado hasta el momento, los cuales se podrían conseguir con medidas como las que propuse en una columna de opinión reciente en este mismo diario.
En primer lugar, es imperativo que el Gobierno otorgue más apoyo a las empresas para que sobrevivan a esta crisis, especialmente a las PYMES. Si se destruye el tejido empresarial, no habrá suficiente arsenal para recuperar y generar empleo cuando llegue el momento de la reactivación. Por ejemplo, el Gobierno debería extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) para que incluya incentivos a la formalización laboral y flexibilizar algunos de sus requisitos para que beneficie a más empresas que actualmente no califican para estos subsidios a la nómina. En el caso de las empresas más pequeñas, vale la pena mirar el caso de Malasia, en donde recientemente se implementó un plan de subsidios especiales para microempresas que contraten hasta 5 trabajadores. Igualmente, el Gobierno debería considerar la condonación de créditos empresariales, sujeta a ciertas condiciones de generación o protección de empleo, y aumentar las garantías estatales a algunos créditos a PYMES a niveles de 100%.
Segundo, el Gobierno también podría establecer programas de empleo público que pueden ser muy efectivos para enfrentar fuertes recesiones en el corto plazo, similares a los que se han lanzado en Filipinas, India, Sudáfrica y Uzbekistán.
Tercero, será necesario lanzar un nuevo plan masivo de inversión pública que podría ser muy efectivo para una reactivación sostenible de la economía y para la generación de empleo. El nuevo programa de construcción y compra de 200 mil viviendas que anunció el Gobierno es un paso importante en la dirección correcta, pero no será suficiente. Es importante diseñar un plan ambicioso de inversión en infraestructura, no sólo en carreteras, sino también en los sectores de energía (incluida la renovable), transporte, infraestructura social, telecomunicaciones, y agua y saneamiento básico, entre otros, y en capacidad digital y ancho de banda. La FDN debería jugar un rol muy activo en este frente.
Cuarto, el Gobierno deberá acelerar sus programas de recorte de gasto público que venía implementando desde mediados de 2018. De esta forma, se reduce el gasto ineficiente y mal focalizado y se redirecciona hacia las mayores necesidades de gasto que habrá para implementar este plan de reconstrucción laboral.
Finalmente, es importante que Colombia lleve a cabo varias de las reformas estructurales que están pendientes, pero urge especialmente una encaminada a reducir los costos laborales y a flexibilizar el mercado laboral, para facilitarle a las empresas enganchar nuevos trabajadores.
Andrés Pardo Amézquita
Ex viceministro de Hacienda y ex asesor económico en jefe de Presidencia