Un amplio debate se mantiene actualmente en el país por cuenta de las propuestas de reactivación que busca implementar el Gobierno Nacional para poner freno a la desaceleración y recuperar los sectores que llevan varios meses en rojo, especialmente sobre el capítulo de inversiones forzosas que no ha caído bien entre los gremios, que aseguran que estas imposiciones no le hacen bien al mercado.
En este sentido, recientemente se conoció un análisis del Centro de Estudios Económicos Anif sobre esta iniciativa en el cual se deja claro que la reactivación debe ser un proceso concertado y no forzado si se quiere tener éxito, ya que uno de los puntos a mejorar es la imagen del país ante los inversionistas y la confianza que genera.
Inversiones
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Para estos expertos, la puesta en marcha de un plan para revertir la desaceleración no da espera, máxime si se tiene en cuenta que las cifras de actividad de abril sugieren una aceleración en el ritmo de crecimiento, pese a que la economía tendrá este año un crecimiento todavía bajo e insuficiente, puesto que quedaría lejos del 3% que necesita para garantizar un desarrollo hacia el futuro.
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Al hacer zoom a los detalles de la propuesta de inversiones forzosas que tiene el Gobierno en mente y que ha sido defendida por el Ministerio de Hacienda y la Casa de Nariño, Anif recordó que este mecanismo fue de uso frecuente en Colombia hasta la década de los 90, sobre todo en el período de alta represión financiera tras la reforma financiera de 19511 .
“A comienzos de los 90 aún representaban un 14% de los pasivos sujetos a encaje. La evidencia es clara en mostrar que las inversiones forzosas no sólo no lograron su cometido en términos de profundización crediticia, sino que contribuyeron al encarecimiento de los préstamos y a una ampliación del margen de intermediación”, indicaron.
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Los expertos de Anif agregaron que los datos que se tienen tras la implementación de este plan dejan claro que las inversiones forzosas afectan negativamente el costo del financiamiento, ya que funcionan como un impuesto implícito a la actividad de intermediación que no le hace bien al mercado.
“En una analogía quizás imperfecta pero simple, una inversión forzosa al sistema financiero es equivalente a que algún extraño obligue a un asalariado a gastar parte de sus ingresos en un activo con baja rentabilidad, bajo el pretexto de que dicha inversión será conveniente para toda la economía. Este impuesto impacta tanto a los ahorradores como a las empresas y hogares que demandan crédito, en la medida en que reduce los recursos disponibles para que los establecimientos financieros asignen sus préstamos”, agregaron.
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En este sentido resaltaron que si bien hay algunas excepciones en el sector agropecuario, desde la década de los 90 se eliminaron gradualmente las inversiones forzosas, por dinámica del mismo mercado, razón por la que volverlas a implementar podría considerarse como un retroceso indeseado.
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Mauricio Moreno / Portafolio
“Con las inversiones forzosas pierden los empresarios, que tendrían menos recursos disponibles para demandar crédito y por tanto tendrían que pagar mayores tasas de interés. Pierden también los ahorradores porque es probable que los bancos tengan que reducir las tasas de depósitos para compensar por la baja rentabilidad asociada a las inversiones forzosas”, señalaron.
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Para estos analistas, si regresan estas inversiones, otros que van a perder serán los bancos, “dado que su rentabilidad podría disminuir en un contexto donde la rentabilidad de los activos financieros ya se encuentra en mínimos de dos décadas y similar al período de pandemia”.
“Adicionalmente, hay pérdidas de eficiencia porque la expansión de crédito, que en dicho caso recae en el sector público, puede llevar a pérdidas importantes si la asignación no es adecuada. Vale la pena recordar que precisamente el colapso de la banca pública del país por una mala asignación crediticia fue lo que llevó al desmonte de la fuerte intervención en la actividad financiera”, concluyeron.
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Ante esto, desde Anif se hizo un llamado para que no se tome a la ligera esta advertencia y se mantenga el diálogo entre el Gobierno y los sectores productivos, con el fin de llegar a consensos que permitan reactivar la economía sin poner en riesgo la estabilidad y la imagen de seguridad y confianza que se ha construido con los años.
