La decisión de no derrogarle al departamento de Antioquia la delegación minera tomada por parte de la Agencia Nacional de Minería sigue haciendo ruido en las autoridades de esta entidad territorial y en el sector minero nacional.
Val la pena resaltar que esta decisión empezará a regir a partir del 1 de enero del 2024, dándole cierre a 22 años de autonomía departamental para la titulación y fiscalización minera, pasando estas labores a las manos del Gobierno Nacional.
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“Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. Recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”, manifestó en redes sociales el presidente Gustavo Petro.
Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. https://t.co/jIn26CTnVV
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023
Esta decisión despertó diferentes voces de rechazo por parte de altos mandos del departamento, entre estas, las del propio gobernador Anibal Gaviria, calificando esta determinación como «errada y centralista«.
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«El argumento que nos dieron es un argumento jurídico que no encuentra cabida en ninguno de los abogados de la Gobernación de Antioquia, que habla que, según la Corte Constitucional, no puede haber delegaciones permanentes, esta delegación no es así, se ha ido prorrogando en cierto tiempo. Por eso creemos que esta no es una decisión técnica, sino política«, explicó Gaviria.
RECHAZO TOTAL a la no prórroga de la delegación minera en Antioquia, una decisión que no es técnica, sino POLÍTICA y afecta principalmente a pequeños y medianos mineros de una región que ha logrado más del 40% de toda la FORMALIZACIÓN MINERA del país. ¡CENTRALISMO SIN ARGUMENTOS! pic.twitter.com/IkSuSR3d2A
— Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 27, 2023
De igual manera, el mandatario antioqueño manifestó que esta decisión se debió dialogar con antelación con el gobernador electo, Andrés Julián Rendón.
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Rendón, precisamente, se pronunció en sus redes sociales, manifestando que era algo que se veía venir.
“Es un acto que desconoce la autonomía de las regiones (…) un acto de centralismo que asfixia, que fastidia y que divide. Nos cierra las puertas a una minería responsable y amigable con el medio ambiente, a la vez que le abre las puertas a la delincuencia y a la explotación ilegal de nuestras condiciones naturales. Nos pone muy difícil la situación esta decisión del Gobierno”, expresó el gobernador electo.
Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. https://t.co/jIn26CTnVV
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023
La postura del sector minero nacional
Ante la situación, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) se pronunció al respecto, asegurando que este tipoi de medidas va en contra de la autonomía territorial y la descentralización administrativa del país.
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«Desde el sector minero esperamos que con esta decisión no se afecten los principios constitucionales de la función administrativa: imparcialidad, celeridad, eficiencia y economía, entre otros y esperamos, que esto redunde en beneficio del desarrollo de la actividad minera en el departamento, como un factor dinamizador de su economía«, afirmó la ACM.
La asociación hizo también un llamado a que se haga un proceso de transición en el menor tiempo posible, en el cual «no se vean afectados los trámites en curso de los demás solicitantes del país y para que, desde el territorio, se garanticen los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad que debe existir con los entes territoriales«.
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Y agregó: «Es imperativo recordar que Antioquia es un departamento con una importante tradición minera, el 3 % del PIB de Antioquia es minero, el 67 % de las exportaciones del departamento son mineras, solo durante el 2022 se destinaron $89.813 millones a proyectos de inversión social que beneficiaron 534.000 familias en el territorio, lo que ha logrado reducir a cerca de la mitad Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios mineros, pasando de 58,7 % en 2013 a 31,6 % en el 2018. Adicionalmente, en esta región se ha logrado más del 40 % de toda la formalización minera del país, lo que significa un avance muy importante en la lucha contra la extracción ilícita de minerales«.
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