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A la cárcel, Bartolo Valencia Ramos

El juez cuarto penal municipal con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, y a tres de sus funcionarios.

Además de Bartolo, irán a la cárcel Yaser Valencia Saa, quien fue coordinador del plan de cobertura educativa durante la administración; Carlos Enrique Riáscos Mosquera, quien se desempeñó como Secretario de Educación y Ancizar de Jesús Yepes Idarraga, asesor jurídico de la Secretaría de Educación, todos investigados por presuntas irregularidades en la contratación de la educación en Buenaventura.

Según el juez, la medida de aseguramiento se tomó debido a que los acusados podrían entorpecer, obstruir, el desarrollo de  las investigaciones. 

Igualmente a uno de los contratistas investigados, Pedro Marino Barahona Gamboa, se le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. 

Este contratista le habría aportado dinero a la campaña de Valencia Ramos, según se denunció en la audiencia, al igual que Yaser Valencia Saa.  

Al resto de los contratistas investigados, de otro lado, les dieron medida de aseguramiento domiciliaria. 

El abogado del Alcalde, Gustavo Moreno, aseguró tras la decisión del juez que “lo que hemos percibido en este proceso es que está amañado. Desde que inició ha estado plagado de irregularidades, no tenemos garantías”, y enseguida aseguró que instaurará una acción de tutela

Bartolo Valencia Ramos, de 59 años, es abogado de profesión y se le acusa, junto a otros de sus funcionarios, de  defraudación que llega a los $919 millones. 

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Valencia y los otros detenidos habrían incurrido en un caso de defraudación en 2012, cuando el Ministerio de Educación giró a Buenaventura $103 mil millones, de los cuales $25 mil millones estaban destinados a la ampliación de cobertura. 

Fue parte de este dinero, según sostuvieron los fiscales, el que se malgastó por los funcionarios públicos en contrataciones con colegios que no cumplían los requisitos mínimos de la ley. 

 

Tomado de: El Pais

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