Redacción
El preso político Orlando Zapata, quien murió tras una huelga de hambre de 85 días, será sepultado este jueves en su pueblo Banes, 850 km al este de La Habana, bajo vigilancia de agentes de seguridad y arrestos domiciliarios, según opositores en la zona.
Zapata, de 42 años, detenido en 2003 y quien cumplía 32 años de condenas por desacato a las autoridades, desorden y otros cargos, falleció el martes en un hospital de La Habana y tras ser velado el miércoles su entierro fue previsto por su madre para las 12H00 GMT del jueves, según fuentes de la disidencia.
Tras el deceso, unos 30 disidentes fueron detenidos temporalmente, muchos en sus casas, por la seguridad cubana para evitar que asistieran al funeral, pero varios lograron viajar a Banes, en la provincia de Holguín.
La madre de Zapata, Reina Tamayo, que acusó al gobierno de «dejar morir» a su hijo y exigió mayor presión internacional por la libertad de los presos políticos, denunció que Banes está «sitiado». Ella encabezará las exequias pues el opositor no tenía pareja ni hijos.
«Nos están impidiendo ir a darle el último aliento a la madre y llorar a nuestro muerto. Por eso le hicimos un velatorio simbólico aquí en mi casa, que está vigilada», dijo la opositora María Antonia Hidalgo, desde la ciudad de Holguín, capital provincial.
La policía se apostó en los alrededores de la casa de Tamayo, la funeraria, el cementerio y la entrada al pueblo, precisó Berta Soler, del grupo Damas de Blanco -esposas de prisioneros- y quien viajó a Banes con otros dirigentes opositores, como Martha Beatriz Roque.
Mientras en Banes está previsto el funeral, en La Habana algunos ex presos políticos y opositores colocaron lazos negros en las puertas de sus casas y velas frente a la foto de Zapata, como en la vivienda de Laura Pollán, una de las líderes de las Damas de Blanco.
En un hecho inusual, el presidente cubano Raúl Castro lamentó el miércoles la muerte de Zapata, negó la práctica de torturas en Cuba como -dijo- sí ocurre en la base estadounidense de Guantánamo (este de la isla) y responsabilizó a Washington, al que acusa de financiar a la oposición con 50 millones de dólares anuales.
«Lamentamos mucho esa muerte (…) en la cárcel tuvo problemas, entonces se lo internó en los mejores hospitales pero murió (…) En Cuba no se tortura ni se asesina. Aquí no se ejecutó a nadie en forma extrajudicial», dijo Raúl Castro cuando recorría con su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el puerto de Mariel, 50 km al este de La Habana.
El caso de Zapata fue el de una «víctima más» de la «confrontación que tenemos con Estados Unidos», añadió Raúl Castro, quien reiteró su disposición a un diálogo con Washington en «igualdad» y con «respeto», según periodistas brasileños, únicos invitados al Mariel de la prensa internacional.
Zapata, de oficio albañil, negro y quien militaba en un pequeño grupo ilegal de oposición, es el primer preso político que muere en las cárceles de Cuba desde que en 1972 falleció el disidente Pedro Luis Boitel, tras 53 días en huelga de hambre.
Amnistía Internacional lo incluía en su lista de 55 «prisioneros de conciencia», de los 200 presos políticos que registra en Cuba la ilegal Comisión de Derechos Humanos (CCDHRN).
El gobierno rechaza que en Cuba existan presos políticos y señala que quienes están detenidos enfrentan cargos por actos contra la seguridad del Estado y de la población.
Washington, Bruselas, París, Madrid, el exilio cubano en España y Estados Unidos, demandaron la liberación de los presos políticos, en tanto que de América Latina sólo reaccionó Lula, quien dijo lamentar «profundamente» el fallecimiento.