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Colombia lanzó una ofensiva contra las bandas criminales

 

 

 

Las Bacrim se dedican al tráfico de armamento y drogas. Mil agentes policiales y militares protegerán las zonas de Córdoba y Antioquia por tierra, mar y aire. En los últimos días, detuvieron a casi 40 miembros
 
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de poner fin al accionar de los nuevos grupos delictivos a pesar de que la Iglesia Católica revelara la intención de algunos de ellos de desmovilizarse.
 
Los criminales se encargan, además de extorsiones, de asegurar el desembarco de droga y armas procedentes de otros países. "Esperamos que, en un máximo de 15 días, comencemos a cerrar toda ruta o vía de escape de los narcóticos que son finalmente el combustible que alimenta la violencia", señaló el funcionario.
 
A las fuerzas que ya trabajan en Córdoba, se sumarán 720 policias y 280 soldados, que se distribuirán en cuatro escuadrones. La vigilancia se reforzará en los municipios de Tierralta y Planeta Rica, donde la actuación de las bandas provocó el éxodo de la población.
 
Según cálculos oficiales, en el país operan siete Bacrims, formadas por 4.100 ex paramilitares. Los enfrentamientos internos por el control de las rutas de distribución han provocado, en los últimos meses, una escalada de violencia.
 
En Antioquia, la Operación República, los agentes incautaron armamento, munición y explosivo. Capturaron, además, a 37 miembros de las bandas "Rastrojos", "Urabeños" y "Paisas", las mismas que contactaron al obispo de Montería, Julio César Vidal, junto con "Las águilas negras" para notificar su intención de abandonar la actividad.
 
Rivera afirmó que "los colombianos van a ganar la batalla contra el crimen". "Están generando un desafío y así como otros que se creían intocables cayeron en el pasado también los actuales jefes y sus estructuras caerán", aseguró.
 
Además, realizó un llamado para que el actual sistema penal sea modificado integrantes de esas organizaciones recibieran castigos más severos. "Deben ser incrementadas las penas sustancialmente y los beneficios judiciales deben ser reducidos para garantizar que paguen en la cárcel sus culpas y no que salgan de prisión por una puerta rotatoria", aseveró.

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