Redacción
Según el MOE la ausencia de violencia dejó ver que las campañas las financia el narcotráfico.
Aunque dijo que no se debe generalizar sobre los problemas de corrupción que se presentaron en las pasadas elecciones para Congreso, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sostuvo que las del Valle pueden considerarse «ilegítimas».
Según afirma, resulta al menos sospechoso el incremento de la participación de votantes (más de 350 mil personas con respecto al 2006) y que en 20 municipios haya ganado el Partido de Integración Nacional (PIN), cuestionado por la participación de familiares condenados o investigados por la parapolítica. Barrios sostiene que ausencia de violencia dejó ver un problema de fondo y es que «las campañas en Colombia las financian la corrupción y el narcotráfico». «Lo que queda en el país es la narcopolítica», concluyó.
La directora de la MOE dijo esto durante su intervención en el foro ‘Fortalecimiento de la relación sociedad civil-Estado’, organizado por la Corporación Arco Iris, la Casa Editorial EL TIEMPO y la embajada del Reino Unido.
Al referirse a la elección de familiares de personas involucradas en la parapolítica, León Valencia, director Arco Iris, dijo que el problema no es la cosanguinidad, sino que los elegidos «son los herederos del botín, el dinero y los votos» de sus parientes. Inquieta que los votantes no sancionen estas conductas.
Fabián Sanabria, decano de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, llamó la atención sobre los resultados de una encuesta que determinó que el 80 por ciento de los encuestados no recordó por quién votó para las elecciones a Congreso del 2006.
«Es preocupante porque si la gente no tiene conciencia de la persona, tampoco conocerá del programa», anotó