El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura produjo un fallo inicial que ordena de manera inmediata el cese de actividades en la mina de Zaragoza.
Esta decisión cobija a las más de 263 retroexcavadoras que funcionan en el sector, las cuales no podrán seguir explotando el mineral a lo largo de los 22 kilómetros de extensión de la mina.
La decisión judicial se produce luego de que el pasado 10 de febrero el ciudadano Jorge Enrique Torres presentará una acción popular en contra de la explotación ilegal de oro en el sector mencionado.
Dicha solicitud fue respaldada por la Defensoría Regional del Pueblo.
De acuerdo con la decisión se ordena la realización inmediata de un estudio ambiental para determinar los daños causados por la minería, con lo cual se tomará como referencia un estudio desarrollado por la Universidad Central del Valle con sede en Tuluá.
La medida proferida por el Juzgado permite que se continúe explotando la minería de manera artesanal, pero sin ayuda de maquinaria.
Para esto, el alcalde de Buenaventura cuenta con dos días para hacer un censo de quiénes son los mineros artesanales.
También se nombró un perito evaluador para que determine los daños causados y precisar el monto del resarcimiento y la restitución que debe asumir el Municipio de Buenaventura como responsable de la permisividad en la explotación ilegal que le cambió el cauce al río Dagua y causó graves daños al ecosistema de la región, además de las consecuencias que trajo al aumentar la sedimentación de la bahía de Buenaventura.
La decisión de cierre fue comunicada a todos los mandos militares nacionales y locales para que legalmente procedan a hacer cumplir el fallo.