Redacción
Después de dos semanas de deliberaciones frente al pliego de peticiones que los pequeños mineros le plantearon al Ejecutivo, las versiones de ambas partes son diametralmente opuestas.
Según Ramiro Restrepo, presidente de Conalminercol, la posición del Gobierno “es intransigente”, mientras el Ejecutivo, a través de un comunicado del Ministerio de Minas, advirtió que “el Gobierno no se ha levantado de la mesa de concertación minera”.
Restrepo dijo que en los 15 días de diálogos con los voceros gubernamentales “no se avanzó en absolutamente nada”, y que por ello los mineros “con dignidad y con honor tocó dejarla –la mesa de negociaciones- e irnos al cese indefinido de actividades porque la normativa actual pone en riesgo a los mineros que ejercemos esta actividad sin título y sin licencia desde hace más de 200 años”.
El vocero de Conalminercol se refiere al decreto 2235 de 2012 que, según dice, le da facultades a la Fuerza Pública para quitar y destruir la maquinaria con la que los pequeños mineros ejercen su actividad.
Dijo que ese decreto “desconoce el debido proceso y la presunción de inocencia”, y afirmó que así como para el Gobierno “se trata de un inamovible”, para los trabajadores su derogación “es el principal requisito para volver a sentarnos a negociar”.
A su turno, el Ministerio de Minas aseguró en el comunicado que en las dos semanas de discusiones se avanzó en cuatro ejes temáticos: diferenciación de minería informal; distinciones de equipos mecanizados; mediación y liberación de áreas para pequeña minería y equilibrio minero, ambiental, social y laboral.
Paro indefinido
El vocero de Conalminercol dijo que el movimiento de protesta se sumará al paro nacional que se realizará el 19 de agosto promovido por el magisterio.
“Estamos en contacto con otras organizaciones sociales para buscar solidaridad. En estos días vamos a socializar el paro indefinido con las comunidades en nuestras regiones”, dijo, y agregó que los pequeños mineros han contado con el acompañamiento de dos delegados de la oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Quinta del Congreso de la República.
En total, Conalminercol agrupa a unos 200 mil mineros asociados en 62 organizaciones con presencia en 18 departamentos del país.
A su turno, el presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, anunció el apoyo institucional al paro minero, y reclamó del Ejecutivo respuesta a las peticiones de los distintos sectores que han anunciado movilizaciones en todo el país.
“El Gobierno lo que ha hecho es una negociación por separado con cada sector, con lo que busca desmantelar la gran protesta nacional del 19 de agosto”, aseguró.
Mientras tanto, Francisco Castillo, vocero de la Red contra la Gran minería Transnacional (Reclame), demandó que “el Estado cambie su política minera”, pues según advirtió “esa locomotora es todo un fiasco, va en contravía de lo que reclaman las comunidades”.
Al respecto, pidió que se cumpla la voluntad popular expresada en el municipio de Piedras (Tolima), donde en una consulta popular se rechazó toda actividad minera.
Según Castillo, el ejemplo de Piedra se va a replicar en todo el país. “Lo que viene ahora es un gran referendo en todo el Tolima para erradicar la gran minería”, afirmó.
Por último, el Ministerio de Minas dijo en su comunicado que el Gobierno Nacional “reconoce una realidad de minería informal mecanizada que se viene ejerciendo desde hace mucho tiempo, la cual debe cumplir requisitos y términos relativos a su ejercicio”.
Y concluyó que esta actividad debe ser reglamentada “con el fin de proteger a las personas naturales o jurídicas que la desarrollan”.