Redacción
Comunidad. La fiebre del oro ha atraído al corregimiento de Zaragoza a miles de personas de otras regiones del país.
La decisión del presidente de la República Álvaro Uribe Vélez de declarar zona de reserva al corregimiento de Zaragoza despertó dudas y temores en los actores de la zona minera.
Para la Asociación de Mineros la idea es buena porque garantizaría un ordenamiento del sector, pero no comparte que se designe sólo un sector para realizar la actividad de extracción.
“En esa parte no estamos de acuerdo porque no se puede desaprovechar más de 22 kilómetros de extensión de la zona minera y sólo dejarla a unos cuantos metros”, dijo William Mosquera, fiscal de este grupo.
Por su parte, Lucila Martínez, representante legal del Concejo Comunitario del Alto y Medio Zaragoza, señaló que para tomar una decisión de ese tipo se debe llegar primero a una concertación, pues el territorio es propiedad colectiva y está amparado por la Ley 70 o de Comunidades Negras.
“Lo primero que hay que decirle al Gobierno Nacional es que se dejen de tomar decisiones desde Bogotá y vengan acá para sobre el terreno definir qué hacer con Zaragoza, porque este es un territorio de comunidades negras con plena autonomía”, señaló María Helena Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio del Puerto.
La dirigente gremial reiteró que “no puede tomarse esa decisión sin tener en cuenta a la comunidad”.
El daño ambiental de la cuenca del dagua se extiende por más de 22 kilómetros. Preocupa la temporada invernal.
De otro lado, los voceros de la comunidad de Zaragoza respaldaron la propuesta de la Asamblea Departamental de solicitar la declaratoria de emergencia social en la zona.
“Elevaremos a nivel de proposición la declaratoria de emergencia social, pues Zaragoza clama por la intervención del Gobierno Nacional, porque la problemática para Buenaventura se ha vuelto muy difícil”, indicó Antonio Ospina, primer vicepresidente de la Duma.
Suspenden minería en Anchicayá
Ayer, el alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró, ordenó mediante el Decreto 178 la suspensión inmediata de las actividades de minería aurífera en territorios de la cuenca del río Anchicayá.
Tal como lo denunció recientemente El País, que estuvo en esa zona, había presencia de retroexcavadoras en Aguaclara, Llano Bajo, San Marcos, Guaimía, Limones y Sabaletas, sobre el río Anchicayá.
La medida ratifica la posición de la CVC, que la semana anterior había ordenado como autoridad ambiental la suspensión de esas actividades.
“El día 26 de abril estaremos en Cali reunidos con el Ministerio del Interior definiendo lo de la propuesta del Presidente Álvaro Uribe en reunión que sostendremos en la Cámara de Comercio”, dijo Ocoró.
El Mandatario señaló que siempre ha estado de acuerdo en llegar a una solución dialogada entre los mineros, el Gobierno local y nacional pues es la única manera de “evitar que se produzca una masacre social allí”. Con El País