Piden al Gobierno salidas a la crisis humanitaria y a las amenazas y asesinatos de líderes.
De nuevo, obispos y arzobispos de Cali, Quibdó, Tadó, Apartadó, Itsmina, (estos cuatro últimos en Chocó), Ipiales, Mocoa, Sibundoy, Popayán, Palmira y Buenaventura hicieron un llamado al Estado colombiano «para que defina una solución integral que resuelva las causas estructurales que están en la raíz de la crisis humanitaria».
«En el comienzo del nuevo año, en medio de la zozobra en la que viven tantos ciudadanos colombianos, reafirmamos la necesidad de encontrar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado: con Eln para lograr un acuerdo de paz; y con las AGC y estructuras similares, para que se posibilite un acogimiento colectivo a la justicia. Esperamos la respuesta sincera de los diversos actores, mediante gestos concretos de verdadera voluntad de paz», dice una misiva de los prelados dirigida al Gobierno Nacional y a la opinión pública.
(…) reafirmamos la necesidad de encontrar salidas políticas y pacíficas al conflicto armado: con Eln para lograr un acuerdo de paz; y con las AGC para un acogimiento colectivo a la justicia
Señala que tomaron esta decisión de clamar por salidas a la violencia, «Teniendo en cuenta las últimas informaciones sobre la dramática situación en la que se encuentran las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en Bojayá, Bajo Atrato y Urabá; así como las comunidades de las cuencas de los ríos San Juan y Baudó (Chocó), Raposo (Buenaventura) y en los municipios de Nuquí (Chocó), Magüí Payán, Olaya Herrera-Satinga (Nariño) y del departamento de Putumayo, principalmente, del municipio de Puerto Guzmán; alzamos nuevamente nuestra voz de pastores y hacemos un llamado a retomar el sendero de la paz en la perspectiva del respeto a los derechos humanos, los derechos de los pueblos y el Derecho Internacional Humanitario».
Por ola de crímenes, indígenas del Cauca se declaran en emergencia El escuadrón élite que combate a narcos desde el cielo colombiano También dijeron: «Teniendo en cuenta las últimas informaciones sobre la dramática situación en la que se encuentran las comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en Bojayá, Bajo Atrato y Urabá; así como las comunidades de las cuencas de los ríos San Juan y Baudó (Chocó), Raposo (Buenaventura) y en los municipios de Nuquí (Chocó), Magüí Payán, Olaya Herrera-Satinga (Nariño) y del departamento de Putumayo, principalmente del municipio de Puerto Guzmán (…)».
A su vez, manifestaron: «Convocamos al Gobierno Nacional, como a otras instancias estatales, a establecer condiciones de vida digna y mecanismos de protección para las comunidades y líderes sociales, tanto a Léyner Palacios como a los otros liderazgos que están en riesgo. Así mismo, a atender las alertas por posibles situaciones de connivencia de integrantes de la Fuerza Pública con grupos ilegales, expresadas por organizaciones sociales y de derechos humanos, y por la Diócesis de Quibdó desde años anteriores, y reiteradas en los últimos dos años».
Anotan, también, que «los grupos armados deben entender su condición de agresores de la población civil, y por lo tanto, asumir el rechazo del que son objeto a causa de sus acciones delictivas».
La carta es firmada por el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve; el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto Barreto; el obispo de Apartadó, Hugo Alberto Torres Marín; el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo Montoya; el obispo de Tumaco; Orlando Olave; el arzobispo de Popayán, Luis José Rueda Aparicio; el obispo de Istmina – Tadó, Mario de Jesús Álvarez Gómez; el obispo de Mocoa – Sibundoy, Luis Albeiro Maldonado Monsalve; el obispo de Ipiales,José Saúl Grisales Grisales; y el obispo de Palmira, Édgar de Jesús García Gil.
El Tiempo