En el marco del proyecto Polar que busca contrarrestar el hurto violento en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), la Fiscalía General de la Nación judicializó a una presunta responsable de los delitos de hurto calificado y agravado, en calidad de cómplice, así como receptación, los cuales no aceptó.
Se trata de Natalie Díaz Arboleda, quien según las labores investigativas sería la encargada de almacenar elementos hurtados de manera violenta a mujeres que se movilizaban en motocicleta en esa localidad.
Esta mujer fue capturada en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía Nacional, en medio de una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el municipio de Pradera (Valle del Cauca).
Durante el operativo, las autoridades le incautaron teléfonos celulares, computadores,
En audiencias concentradas, un juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia.
Modus Operandi
De acuerdo con la investigación adelantada, la hoy procesada junto a otra persona seleccionaban a sus víctimas, las cuales siempre eran mujeres y se movilizaban en motocicleta. Luego les halaban sus bolsos cuando los automotores estaban en movimiento, causándoles fuertes caídas y lesiones graves.
En un trabajo articulado entre la Fiscalía y la Policía se evidenció que bajo esta modalidad ocurrieron 42 hurtos entre abril del 2022 y junio del 2023.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
