Con medida de aseguramiento intramuros fueron cobijadas 13 personas señaladas de comercializar sustancias estupefacientes, mediante la modalidad de domicilio, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Así lo decidió un juez de control de garantías tras acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, los hoy imputados operaban en el sector La Casona, del municipio en mención, y durante 20 diligencias de registro y allanamiento personal de la Policía Nacional materializó 11 órdenes de captura, dos flagrancias y una notificación en centro carcelario.
Los capturados con orden judicial y notificados en cárcel son:
.- Johan Sebastián Figueroa Betancourth, alias ‘Figueroa’
.- Diego Fernando Criollo Herrera, alias ‘Pucho’
.- Jonathan Restrepo Castro, alias ‘Petri’
.- Juan Carlos Avirama, alias ‘El Gordo’
.- Edwin Albeto Rivera, alias ‘Yandel’
.- Franidier Stefanni Meléndez Díaz, alias ‘Nena’
.- Cristian Alejandro Hincapie Agudelo, alias ‘Falcao’
.- Juan David Giraldo Cárdenas, alias ‘Sol’
.- Luisa Fernanda Bedoya Ríos, alias ‘Luisa’
.- Juan Sebastián Patiño Londoño, alias ‘Patiño’
.- Jhonatan Andrés Montoya García, alias ‘Gonchi’, notificado en centro carcelario.
Asimismo, fueron capturados en flagrancia José Antonio Escalona Zalaya y Víctor Manuel Rodríguez García.
La Fiscalía les imputó cargos a los capturados por delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que el juez decidió que los 13 presuntos implicados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/SMLR/DHS/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.