La Fiscalía judicializó a cinco guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como presuntos coautores de del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado.
Un juez con funciones de control de garantías avaló la imputación de cargos del ente investigador y dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia en contra de Jorge Eliécer Arévalo, Frey Hernán Galarraga Cerón, Jhonatan Andrés Rosero Vallejos, Héctor Silvio Vargas Martínez, y Darwin Harvey Tenganan Ramírez.
Según la investigación de la Sijín de la Policía Nacional, desde octubre de 2019 un grupo de personas estaría dedicado a distribuir y comercializar estupefacientes al interior de la cárcel de Túquerres (Nariño). Se estableció que se trataría de los guardias hoy procesados, quienes presuntamente vendían las sustancias ilícitas a los internos de los diferentes patios.
Los investigadores iniciaron las verificaciones de la información recaudada, a través de reconocimientos fotográficos, interceptación de líneas telefónicas y agentes encubiertos. En desarrollo de las actividades, igualmente se efectuó la incautación de marihuana y bazuco.
Los funcionarios fueron detenidos el pasado 25 de junio por uniformados de la Sijín de la Policía, en cumplimiento de órdenes judiciales.
Todos los procesados aceptaron su responsabilidad, excepto Jhonatan Andrés Rosero Vallejos, quien se declaró inocente.
La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
JGPV/JP/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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