Estas personas fueron procesadas como presuntos integrantes del frente Dagoberto Ramos de las extintas FARC-EP y son señalados de, supuestamente, realizar exigencias económicas a diferentes personas en Teruel (Huila) a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus familias.
Esta determinación se da luego de que un juez con función de control de garantías revocara la decisión de primera instancia y avalara las capturas, del registro voluntario y de las incautaciones.
Los detenidos fueron imputados por la Fiscalía, según sus responsabilidades, como presuntos responsable de delitos como: concierto para delinquir con fines extorsivos, extorsión con circunstancias de agravación punitiva, utilización ilegal de uniformes insignias de uso privativo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó cargos.
Posibles víctimas
Uno de los hechos investigados se registró el 2 de mayo pasado. Ese día, al parecer, una personas se vio obligada a pagar una extorsión a los hoy judicializados. Los hechos se presentaron en la vereda La Herrera en la finca La Curva en Teruel (Huila).
El presunto responsable del delito fue identificado por la víctima un día después de haber pagado el dinero. La información entregada por el afectado permitió que unidades del Gaula Militar, en asocio con Gaula Policía Nacional capturaran a los hoy investigados, quienes portarían armas de fuego, teléfonos celulares y prendas militares.
En los procedimientos de captura a los procesados les fueron encontrados más de 60 millones de pesos en efectivo.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/AMCA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
