En distintos casos, fiscales del Centro de Atención Integral para Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), Seccional Bolívar, imputaron a tres hombres de acuerdo a sus responsabilidades individuales los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento, y hurto calificado, los cuales no aceptaron.
Uno de los hechos ocurrió en una vivienda del corregimiento de La Boquilla, en el año 2020, cuando un hombre de 48 años, al parecer, le realizó tocamientos índole sexual a su sobrina, quien para la época tenía 10 años. Se presume que los abusos sucedieron cuando el tío llegaba de visita a su hogar.
Asimismo, fue judicializado un padrastro que habría sometido a todo tipo de vejámenes sexuales al a hijo de su ex compañera sentimental. Las agresiones ocurrieron en el barrio Villa Corelca, donde el procesado con el pretexto de hacer visitas habría aprovechado la confianza que el menor de 12 años le tenía para dejarlo ingresar a su vivienda.
Por su parte, Aníbal José Faynete Cárdenas, alias Chavito, fue asegurado por los hechos que acontecieron en el barrio El Pozón, donde habría abusado sexualmente de una mujer de 25 años, a quien, además le hurtó sus pertenecías. Según las investigaciones, el hombre aprovechó que transportaba a la víctima luego de que departieran en una reunión.
Los procesados fueron capturados mediante orden judicial por la Policía Nacional. Por su parte, el juez de garantías dictó medidas de aseguramiento en centros carcelarios.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MG/ICHS/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
