Tres presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo fueron resguardados con medida de privación de libertad. Los imputados fueron imputados como presuntos responsables de un doble homicidio ocurrido en una zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Así lo resolvió un juez de revisión de garantías, luego de acoger la solicitud del Ministerio Público contra Rubén Darío Restrepo Golondrino, alias Gafas; Damián Alberto Marín Sepúlveda y Luna Esmeralda Marín Sepúlveda.
Los hechos investigados ocurrieron el 10 de noviembre de 2021 en una finca de la vereda Tres Esquinas, jurisdicción del mencionado municipio donde fueron asesinados Jorge Andrés Aguirre Giraldo y José Lemus Chica.
El trabajo de la policía judicial, realizado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, ha permitido a la fiscalía establecer la identidad completa de los presuntos implicados, para quienes un fiscal especializado de la seccional Valle del Cauca solicitó una orden de captura en su contra.
El CTI y la Policía Nacional fueron los encargados de capturar a Rubén Darío Restrepo Golondrino alias Gafas. Asimismo, se informó a los centros de detención Damián Alberto Marín Sepúlveda y Luna Esmeralda Marín Sepúlveda.
La fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico, portación o tenencia de armas de fuego.
El juez decidió que los tres presuntos imputados, que no aceptaron los cargos, debían cumplir con la medida de seguridad en los centros penitenciarios.
La fiscalía habla con resultados
DSVC/MAPA/SMLR/MAGA.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.