Colombia proyecta la que será su reapertura completa, segura y acelerada, con un piloto en Barranquilla y que se expondrá en una normativa de emergencia desde el próximo primero de junio.
La idea, tras 14 meses de declaración de confinamiento preventivo obligatorio, es que el país vuelva a tener una reactivación real, cumpliendo unos requisitos establecidos.
“Estamos en la obligación de reactivar este país, porque lo hemos venido restringiendo desde las normas de bioseguridad, las mismas que nos han permitido reducir el impacto de esta pandemia”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Con un tercer pico epidemiológico ya terminando en ciudades como la capital de Atlántico y Leticia, y teniendo en cuenta el avance de la vacunación, junto con los niveles de afectación de la enfermedad, el plan proyecta un proceso de reactivación de los sectores educativos, cultural y de entretenimiento.
“Hemos pensado cómo se puede dar esa reactivación para que genere la confianza que requiere el país y recuperar la funcionalidad. Si lo hiciéramos al tener la inmunidad de rebaño estaríamos en diciembre o en enero, pero no podemos esperar que el virus se vaya y recuperemos nuestra vida. El virus muta y cambia y lo hemos visto.
Desafortunadamente, tendremos personas que mueran por covid-19 en el futuro pero no de la misma medida”, dijo.
Los protocolos no tendrán la mirada de la restricción, sino del retorno, y aunque no se conoce cómo se hará la vigilancia, en los pilotos la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, seguirá el proceso.
La intención es conseguir la articulación sectorial que incluye la reactivación laboral, educación, actividades físicas y culturales, turismo y recreación.
El modelo busca que no haya retroceso una vez inicie, que se haga con un enfoque práctico, orientado a las necesidades sentidas por las personas y al cuidado de su salud mental, que haya prioridad en jóvenes y mujeres, y se haga bajo un trabajo intersectorial. La clasificación para la apertura municipal y departamental ante los distintos espacios y servicios de bienestar se dará por cinco variables.
La primera, el número de camas de cuidados intensivos y cuidados intermedios, la segunda es la de defunciones por covid-19, el tercero es el número de vacunas aplicadas, el cuarto la cantidad de pruebas diagnósticas y el quinto son los denominadores poblacionales y población rural. Hay dos ejes en la matriz para la apertura de servicios y espacios de bienestar en las ciudades. Uno se basa en el índice de resiliencia epidemiológico municipal, que se calcula con variables como la vacunación y la tasa de edad (pesan 0,4) y la tasa de ruralidad (0,2).
El otro eje es el índice de capacidad del sistema de salud en el territorio en el que se consideran la capacidad instalada de camas UCI y las de cuidado intermedio, con un peso de 0,8, más el testeo del último mes de 0,2.
Por ejemplo en el escenario fuera de los pilotos en Barranquilla y Leticia, las siguientes zonas con mejores condiciones para la apertura son Atlántico, Santa Marta, Bogotá, Antioquia, Cartagena y Cesar, y el peor escenario lo tendría Vichada, Cauca, Chocó, Guaviare o San Andrés.
RESPALDO A LA MEDIDA
Representantes de los empresarios acogieron la iniciativa que les presentó el Ministro de Salud la semana pasada. Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras y del Consejo Gremial Nacional, dijo que “la pandemia reta al país a que se adapte a la nueva realidad y a que identifique nuevas maneras en los frentes relacionados con la producción, el trabajo, la educación y las actividades recreativas”.
“Es necesario que sigamos observando con rigurosidad las medidas de bioprotección y tener un equilibrio para que las empresas no sigan perdiendo ingresos y empleos por los cierres obligatorios, a lo que infortunadamente se han sumado desde el 28 de abril los bloqueos por el paro nacional, que han perturbado la operación de cientos de miles de empresas”, anotó.
A su juicio, cerrarlas de forma abrupta es altamente nocivo para los planes de fabricación, inventarios y distribución. Lo mismo sucede cuando se impide el acceso de los consumidores.
Por su parte, Rosmery Quintero, de Acopi, planteó que el plan es necesario porque se está proyectando el país hacia la nueva normalidad. A su juicio, “si en este escenario de manifestaciones no se ha respetado ninguna norma de bioseguridad, por qué tenemos que estar encerrados. Ya tenemos que aprender a cuidarnos y recobrar la normalidad de la vida y los negocios”, afirmó.
Guillermo Gómez, presidente de Acodrés, gremio de restaurantes, dijo que el sector seriamente afectado por las restricciones respalda la iniciativa oficial.
“Creemos que lo que debe hacerse es que si se toma la decisión, sea uniforme y permanente porque lo más duro para la economía en general, no solo para nuestro sector, es la inestabilidad de las medidas. Esto debe propiciar un ritmo estable en el que los negocios tengan capacidad de planeación para restablecer sus operaciones”, indicó.
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