A la hora de hablar de las herramientas con las que el Estado enfrenta problemáticas como la pobreza o la desigualdad y se apalanca para materializar sus planes de desarrollo y crecimiento económico, tanto a nivel nacional como regional, una de las que sin duda se destaca es el gasto social, que no es otra cosa que los recursos que se destinan para la atención de comunidades menos favorecidas.
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Por medio de esto, los diferentes gobiernos logran ejecutar su política social en temas como la reducción de la pobreza, la erradicación del hambre, garantizar el acceso a la educación, servicios públicos domiciliarios y propiciar las acciones para una vivienda digna o la generación de empleo, entre otros. Si bien esto es mayoritariamente estatal, también se impulsa desde el sector privado.
Colombia mayor – Adultos mayores.
Cortesía – DPS
Dicho de una forma simple, se considera gasto social a los mecanismos con los cuales se destinan recursos a los sectores menos favorecidos, permitiendo de esta manera mejorar sus condiciones y favoreciendo la redistribución equitativa del ingreso del país. Dicho gasto permite que los habitantes con carencias de oportunidades puedan adquirir aquellos recursos y capitales que les permita mejorar su calidad de vida.
¿Cómo se está repartiendo?
Un reciente informe del Dane pasó revista a cómo se está desglosando actualmente este renglón de la economía, tanto en el sector público como el privado, y encontró que la atención de los adultos mayores, la salud y los programas de familia se llevan actualmente más del 90% de estos recursos.
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Para el 2023, según el reporte de la autoridad estadística, el gasto social en Colombia fue de $269 billones, cifra que inicialmente marca un crecimiento del 14,8% respecto a los $234 billones del 2022. De esta cantidad, según el tipo de financiación, $227 billones salieron del sector público (84%); mientras que $25 billones llegaron desde el sector privado (obligatorio) lo que equivale al 9,2%, y los $16 billones restantes son privados, en la categoría de voluntarios.
Si bien la mayoría de incrementos grandes estuvo en el lado estatal, el gasto social desde los privados también refleja un incremento respecto a años anteriores y mantiene la tendencia creciente de los últimos años. Si se comparan los registros del 2022 y el 2023, esto marca una variación del 17,8% que es incluso mayor a la del sector público.
Pobreza en Colombia
Milton Díaz
Salud y vejez
Para el caso del financiamiento de gasto social que se hace desde el Estado, los datos del Dane muestran que para salud se destinaron $90,9 billones el año pasado, aumentando así un 18,5% respecto a los $76,7 billones que se presentaron en 2022. A este le siguen las políticas de vejez ($89,6 billones), Familia ($28,8 billones) y los programas de mercado laboral, con $6,7 billones.
Si se suman los tres primeros renglones del gasto social en el sector público, queda claro que los programas de familia, vejez y salud; demandaron el 91% de los recursos destinados para este fin el año pasado. En la otra cara de la moneda están la atención de programas de vivienda ($3,3 billones), incapacidad ($1,4 billones) y desempleo ($0,1 billones), con las destinaciones más bajas desde el Estado.
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Misael Triana Cardona, abogado especialista en Derecho de la Seguridad Social, sostiene que para el caso de la vejez, esto puede estar sustentado en algunas variables, como los cambios generacionales, aunque demuestra que hay una cobertura sólida en temas pensionales para los adultos mayores, principalmente desde las ayudas que entrega el Estado actualmente.
“Los afiliados al sistema en vigencia de la Ley 100 lograron mantener en forma constante las cotizaciones al sistema de pensiones hasta llegar a la meta, entre otras cosas, por la ocupación que han tenido o por las normas que obligaron a muchos ciudadanos a afiliarse de manera obligatoria al sistema y pagar sus aportes (Ejemplo: taxistas, trabajadores independientes – rentistas de capital)”, sostuvo.
Una fuerte carga
Si bien estas cifras muestran que la atención de la vejez va por buen camino en lo que concierne a gasto social, para este experto es importante que no se quite la mirada de la carga fiscal que esto viene generando, ya que se puede interpretar también como un aumento en la población que requiere estos recursos.
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IStock
“Entre más pensionados, el principio de sostenibilidad financiera, debe ser reforzado y replanteado, para asegurar el pago de las pensiones en el tiempo. Claramente, la cobertura y la financiación, son principios que mantienen en tensión y tiene toda la lógica económica, pues entre más pensionados más recursos se requieren para el pago de las mesadas, sin que sea una situación que tenga actualmente un desarrollo por parte del Gobierno”, sostuvo Triana Cardona.
Así las cosas, el balance de gasto social debe servir como un campanazo de alerta para el Gobierno Nacional, que desde ya necesita pensar en nuevas formas de financiar esta demanda de recursos, los cuales serán necesarios mientras persistan problemáticas sociales como la pobreza, el hambre o la desigualdad.
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“Como estudioso y crítico del sistema pensional, he propuesto otras formas de financiación, entre ellas la re negociación de los rendimientos financieros que deben reportar los fondos privados, quienes, si bien, han generado ganancias para el sistema, las mismas no se han dado, en lo que he llamado, un negocio desequilibrado, llevándose los fondos, la mayor parte de las ganancias, pudiendo los afiliados acceder a mejores réditos, en un negocio que para mi, ha sido bueno para los afiliados, pero extraordinario para los fondos”, concluyó.
En todo esto, por último hay que decir que el gasto social para el sector privado fue de $25 billones, de los cuales $11,4 se fueron también para la atención de la vejez, abarcando casi el 50% de este rubro. Después de este aparecen las prestaciones relacionadas con incapacidades ($4,7 billones), atención de programas de familia ($4,2 billones) y salud ($3,5 billones), según los cálculos del Dane.
