Redacción
Gloria Inés Gómez, exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, recibió la mesada de mayo, ubicada en el rango de 12’500.000 a 15’000.000 de pesos, con un descuento del 28 por ciento, es decir, el 13 por ciento correspondiente a su aporte a la seguridad social (incluyendo el 1 % de solidaridad social), más el 15 por ciento del impuesto solidario.
Ella es uno de los 18.470 pensionados que clasificaron en el grupo de colombianos llamados por el Gobierno, a través del decreto 568 del 15 de abril de 2020, para aportar una parte de su ingreso en medio de la emergencia desatada por el coronavirus y, de esa manera, sumar recursos para ayudar a las personas en alto grado de vulnerabilidad.
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El universo de aportantes, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, es bajo, y refleja las hondas brechas que existen en el país. Así, de los 2’170.251 pensionados que hay en la actualidad en Colombia, el 99,1 por ciento recibe una mesada inferior a 10 millones, que es el monto a partir del cual se aplica el impuesto.
La sumatoria de los que tienen una asignación pensional, considerada por el Gobierno en el decreto, como ‘megapensión’, no llega ni al 1 por ciento de los que hoy gozan de una pensión, puesto que 12.751 jubilados (el 0,6 %) reciben un pago mensual de entre 10 y 12,5 millones de pesos. A otras 3.166 personas (el 0,1 %) les llega una pensión mensual entre 12,5 y 15 millones de pesos, mientras que 2.069 colombianos reciben mensualmente entre 15 y 20 millones, y 483 obtienen un ingreso que sobrepasa los 20 millones de pesos.
Hay que señalar que los jubilados sujetos del impuesto pertenecen a todos los regímenes pensionales vigentes puesto que, según estableció el Ministerio de Hacienda al elaborar la medida, “el criterio es la estabilidad del ingreso, no el fondo al que aportaron”.
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Claro está, la mayor parte de los pensionados sujetos del impuesto durante tres meses (mayo, junio y julio) pertenecen a Colpensiones, mientras que también hay jubilados del Fopep (Fondo de Pensiones Públicas), Pasivocol (en el que están los pensionados de los territorios), el Fomag (el Fondo del Magisterio) y el Rais (los del régimen privado).
Con dicho tributo, por el cual se obtendrán 287.000 millones de pesos, de los cuales 94.000 millones provendrán de los pensionados y los restantes 193.000 millones los aportarán los servidores públicos en ejercicio, se financiarían 1’793.750 subsidios de 160.000 pesos, del Programa Ingreso Solidario.
Dura pelea
No obstante el objetivo de esta medida transitoria, los reclamos no se han hecho esperar, aunque el Ministerio de Hacienda la sustenta con la idea de que “mientras el salario promedio en el país es de 1,5 millones de pesos, los sujetos al impuesto solidario devengan seis veces más que el promedio”.
La Corte Constitucional, tras recibir más de 100 conceptos que sustentaban la petición de tumbar el impuesto solidario, se negó a suspenderlo.
Sin embargo, el lío jurídico no parece terminar allí. La exmagistrada Gloria Inés Gómez, por ejemplo, señala el hecho como “una confiscación”. Alega que ahorró 36 años en Colpensiones y “nunca recibí un rendimiento”. También hay molestia con la forma en que el decreto tilda de ‘megapensiones’ a mesadas como la mía, con la que apenas cubro mis obligaciones”.
De hecho, agrega, “se habla peyorativamente de megapensiones y no de megasalarios, quizás para ocultar no solo el manejo inadecuado de los recursos pensionales, sino el ‘megamonto’ asignado a algunos cargos que alcanzan en bruto a sumas de más de 50 o 60 millones de pesos mensuales en entidades del Estado”.
Por su parte, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones y cesantías, indicó que “hay una asimetría en esta medida. El impuesto solidario lo deberían pagar las pensiones de Colpensiones, que son las que son subsidiadas”.
La tributación de las pensiones consideradas como altas, en relación con el promedio de la mayoría, ha sido un tema polémico que, por demás, en ninguna reforma tributaria ha logrado calar.
Argumentos a favor de la gravación de pensiones altas sostienen que sería equitativo, toda vez que al finalizar la vida laboral se tienen menos gastos (en transporte para ir al trabajo, comidas fuera del hogar, entre otros), y, adicionalmente, estos pensionados son los mayores usuarios de bienes y servicios que se financian con los impuestos (salud, recreación).
Por el contrario, los que se oponen argumentan que en la etapa poslaboral el pensionado asume solo el costo de la salud y reduce su ingreso, al no recibir las mismas prestaciones de los empleados.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que “en tiempos normales tiene sentido un impuesto progresivo a los ingresos altos, incluyendo las pensiones, que son poquísimas. La exención de impuestos de la que gozan las pensiones en Colombia es más alta de la que debería”.
Agrega que “en una emergencia como esta no es el momento de subir impuestos, sino de aumentar el gasto estatal”. El debate será amplio.
Por: Martha Morales Manchego
En Twitter: @marthamoralesm
