El presidente Iván Duque anunció ayer que al menos dos de las peticiones que están haciendo los líderes de las movilizaciones sociales no se podrán cumplir: el retiro del proyecto de ley de la reforma tributaria y el desmonte del Esmad.
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El tema más inmediato parece ser el trámite de la reforma tributaria, la cual se espera que empiece a ser debatido la próxima semana en el Congreso. De hecho, Legislativo tiene previsto comenzar el lunes el estudio del proyecto de ley de crecimiento económico –o reforma tributaria– que busca salvar algunas normas de la ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional el pasado 16 de octubre.
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La iniciativa, cuya discusión debió comenzar el martes anterior, ya tiene ponencia para ser discutida y votada por las comisiones económicas del Congreso y varios expertos económicos han advertido la necesidad de que sea aprobada.
Sobre este tema, el presidente Duque dijo ayer en la W Radio que si esa reforma “no continuara” su trámite “estaríamos volviendo a esa carga tributaria” que había antes de la ley de financiamiento. “No podemos dejar que la economía colombiana esté en tela de juicio o tenga incertidumbre. Por eso el debate es constructivo y en la institucionalidad que corresponde”, afirmó.
Con el aval del Gobierno, al proyecto le fueron incorporados la devolución del IVA a la población más vulnerable, la reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados con mesadas hasta de un millón de pesos y tres días sin IVA.
Y en cuanto al desmonte del Esmad –una petición que han hecho el Comando Nacional de Paro, los sindicatos y los líderes estudiantiles– el mandatario argumenta que “hay más de 100 países que tienen escuadrones antidisturbios, estos grupos están para proteger a las personas (…) El Esmad hace parte de la Fuerza Pública al servicio de los colombianos. No se puede desarticular”.
Y aunque hay temas en los que las partes guardan distancia, también existen otros en los que parecen acercarse. Por ejemplo, la lucha anticorrupción, un propósito nacional. Desde hace más de un año el Gobierno Nacional presentó un conjunto de proyectos de ley que responden a la consulta contra este flagelo, realizada en agosto del año pasado, algunos de los cuales han ido avanzando en el Congreso. Pero otros se han encontrado un camino espinoso en el Legislativo.
Entre los que no han tenido obstáculos se encuentra el proyecto que obliga a los congresistas y altos funcionarios del Estado a hacer pública su declaración de renta y bienes. El pasado lunes, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio el último debate a esta iniciativa.
Igualmente, hay temas laborales en los cuales el Ejecutivo –y el Centro Democrático, el partido de gobierno– han venido acercándose, como, por ejemplo, la eliminación de la propuesta que pretende establecer contratos de trabajo diferenciales para los jóvenes.
La exclusión de esta iniciativa vino por parte del expresidente Álvaro Uribe, quien impulsa un proyecto de ley sobre diferentes aspectos laborales.
REDACCIÓN POLÍTICA