Las reformas de salud y laboral que cursan en el Congreso deben servir para mejorar la atención en el campo y reducir la informalidad, respectivamente. Así lo plantea Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, quién también hace un balance del Mecanismo de Protección al Cesante que cumplió 10 años.
¿Cómo es el Mecanismo de Protección al Cesante?
En el sistema de compensación familiar convergen el empresario, el trabajador y el Gobierno. Y esa cercanía entre empleado y empresa creó el Mecanismo de Protección al Cesante en el 2013, para unir políticas activas y pasivas de empleo.
(Porvenir recibirá este año cerca de 85.000 solicitudes de pensión).
¿Eso qué significa?
Poder proteger a los trabajadores que quedaban sin empleo a través de una ruta que los fuera llevando a un nuevo empleo. Esto de manera que, en principio, pudiera tener un auxilio económico y después pudiera entrar en una ruta de capacitación que lo acondicionara para efectos de poder conseguir empleo gracias a agencias de colocación donde se le acompañará para reinsertarse en el mercado laboral.
¿Cuál es el balance?
Cumplimos 10 años. Hemos entregado 1.413.000 subsidios económicos, bien como bonos de alimentación, en principio, y luego como auxilio del desempleo que es lo que mantenemos, se han entregado unos $3 billones. Hago la claridad importante de que en Colombia el seguro al desempleo está concentrado en las cesantías.
(A enero, 10 de los 28 bancos tenían un saldo en rojo).
¿Cómo opera?
Tiene diferentes componentes. Primero, las agencias de empleo. Hay 690 y, de ese total, las cajas tienen 267, representamos el 38%. En estos 10 años hemos recibido 7 millones de hojas de vida y hemos podido colocar a 4.528.000 personas, de las cuales el 53% son mujeres, el 47% son hombres. El 12% son víctimas, el 2% grupos étnicos y el 1% discapacitadas.
De las colocadas, el 68% son hombres y el 32% mujeres. Eso nos lleva a que la mayoría de mujeres no se colocan porque están al cuidado de una persona en el hogar. En ese grupo, el 16% son víctimas, el 2% de personas del grupo étnicos. Estamos trabajando en un acompañamiento sobre cómo hacer hojas de vida, presentar entrevistas y fortalecer competencias.
¿Qué más identifican?
En estos 10 años hemos visto que hay 12,3 millones de vacantes y solo se han colocado más de 4 millones de personas. Eso está mostrando que hay que hacer unos cambios muy serios en el sistema educativo y en la formación para el trabajo.
(Deterioro de la cartera de crédito obedece a factores macroeconómicos).
¿Cuál ha funcionado en el último año?
De enero a septiembre, entregamos cerca de 127.000 auxilios al cesarte y estamos entrando en una etapa interesante que nos abrió el año pasado el Congreso, en la ley que promueve el emprendimiento y la productividad, de capacitar personas laboralmente activas, para reentrenarlas y dotarlas de mayores habilidades, en especial en micro y medianas empresas.
¿El mecanismo está garantizado a futuro?
El Ministerio de Trabajo define la política y establece qué recursos van a los distintos componentes, ya sea en las ayudas económicas para cesantes o en los trabajadores activos. Los recursos son finitos porque depende de los aportes de los trabajadores. Son el 11% del 4% que va al fondo y todo depende de cuánto ingresa a esa bolsa.
(Hay más mujeres en las juntas vigiladas por Superfinanciera).
Hoy está entre $700.000 y $800.000 millones al año, lo importante es ver cómo se focalizan. He escuchado a la ministra que debe ser revisado y en eso coincidimos para darle mayor eficiencia y cobertura. Creo que es lo que sigue después de la reforma laboral.
¿Cómo ven las reformas?
Hemos sido actores activos, siempre queriendo tender puentes con el Gobierno para ser escuchados. En la reforma de la salud creo que las cajas tenemos mucho que aportar en materia de atención primaria en salud y prevención. Eso hace que seamos un aliado para las nuevas políticas.
¿Y las instituciones?
Tenemos la visión de otros gremios de la salud y es que es importante cuidar la experiencia y la infraestructura que hoy tiene el sistema. Creo que de eso se trata cuando se habla de construir sobre lo construido y es no pasar por encima de capacidades que hoy en día tiene el sistema. Sí consideramos que debe crearse un sistema distinto de atención en las zonas rurales.
(Perú anunció inversión de US$2.697 millones para impulsar el empleo).
¿Y la reforma laboral?
Hay que trabajar sobre la informalidad. Han pasado más de 30 años desde la expedición de la Ley 100 y es necesario que se hagan cambios. Hay nuevas formas de trabajo, las personas están trabajando por horas, desde sitios remotos, por productos y plataformas digitales. Si nosotros podemos lograr que esas personas que están en la informalidad se vinculen a la protección social creo que podríamos tener un logro muy importante. Eso lo estamos extrañando en la reforma, valdría la pena aportar nuevas ideas para que esa reforma quede un poquito más nutrida y hacer los cambios que el país necesita.
CONSTANZA GÓMEZ GUASCA
Periodista de Portafolio