La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) le respondió al presidente Gustavo Petro después de que el mandatario señalara a los alcaldes de la región Caribe de no hacer lo suficiente para bajar las tarifas de energía en esa zona del país.
(Vea: El ‘dardo’ de Petro a alcaldes del Caribe: ‘¿Están en nómina de Air-e o de Afinia?’).
«Asocapitales exige respeto por los alcaldes, especialmente por los del Caribe colombiano. Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, distan mucho de la realidad«, señaló el gremio.
Argumentó que, de acuerdo con la Ley 143 de 1994, «las tarifas de energía en Colombia están reguladas y corresponde esta función a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que define las metodologías para su cobro«.
También le recordó al Petro que los alcaldes locales no hacen parte de la Creg y que ha sido el mandatario quien no ha nombrado a los expertos comisionados para que la entidad pueda sesionar. Esto teniendo en cuenta que es una función del presidente hacerlo.
Por otro lado, Asocapitales resaltó «el esfuerzo que han hecho los mandatarios locales incluyendo en sus planes de desarrollo proyectos que le apuestan a la transición energética y a la implementación de energías renovables«, no obstante, afirmó que «falta articulación con el Gobierno para materializar estos proyectos rápidamente«.
(Vea: Tarifas de energía: sin quórum, la Creg recibe tarea de aplicar alivios en 30 días).
«Son los alcaldes, especialmente los de las ciudades capitales, los que hacen un esfuerzo enorme para que desde los territorios podamos mantener economías que generen empleos formales y competitividad«, complementó.
El gremio finalizó pidiéndole al presidente Petro trabajar conjuntamente «para materializar acciones concretas que nos permitan contrarrestar los efectos de la problemática energética en la región Caribe«.
Durante la entrega de un parque solar en Atlántico, este viernes 5 de julio, el jefe de Estado dijo que los alcaldes del Caribe no estaban haciendo mucho por bajar los precios de la energía.
«Está esta granja (solar) que pertenece a una empresa, Isagen, que ha puesto unos fondos de riesgo y espera, obviamente, una retribución económica. Es que eso mismo lo puede hacer cualquier hogar en cualquier pueblo del Caribe. Eso mismo lo puede hacer cualquier finquero. Eso mismo lo pueden hacer los alcaldes municipales. Ya no 100, 10. Pero 10 le podrían resolver las tarifas casi que conduciéndolas a cero de los usuarios de la energía eléctrica de su propio municipio. Se los propuse hace unos seis meses en alguna reunión. Y no han llegado«, dijo Petro.
(Vea: Abastecimiento de energía y gas presenta retos para los próximos años).
Y agregó: «¿Qué les pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Air-e y de Afinia que no se dan la pela de hacer una revolución? Es simple«.
Gustavo Petro.
EFE
Explicó que su gobierno no ha podido reducir las tarifas porque decisiones judiciales y políticas se atraviesan y estas, según el mandatario, son para beneficiar a las grandes compañías del sector.
“Se atraviesa alguna decisión judicial o política para defender intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica que están ordeñando a la sociedad”, señaló.
(Vea: Mercado regulado impulsó el crecimiento de la demanda de energía en mayo).
El pasado 3 de julio, la Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se abra un incidente de desacato contra el presidente Petro y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, por no cumplir con la orden de nombrar a los comisionados expertos de la Creg.
Vale la pena recordar que el 25 de enero de 2024, ese Tribunal ordenó que “que dentro de los de treinta (30) días siguientes a la notificación de la sentencia, si aún no se ha hecho, se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas con seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro años”.
La decisión fue apelada por el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), por lo que este proceso llegó hasta el Consejo de Estado, que el pasado 2 de mayo confirmó la decisión de primera instancia, por lo que los 30 días ordenados empezaron a correr a partir del 6 de mayo.
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