En el incipiente debate de América Latina sobre cómo pagar su reacción a la pandemia, una idea está ganando terreno: gravar impuestos a los ricos.
Desde marzo, las discusiones sobre nuevas medidas fiscales dirigidas a las personas con altos ingresos han comenzado en al menos nueve países de la región, a medida que los legisladores y los gobiernos intentan descubrir cómo llenar los agujeros fiscales masivos creados por el coronavirus.
“Hemos asumido una deuda masiva para enfrentar esta crisis y vamos a tener que pagar de alguna manera”, dice Samuel Pérez Álvarez, un congresista guatemalteco. “No van a ser las clases medias o bajas”.
Pérez y sus colegas del partido Semilla presentaron un proyecto de ley en el Congreso este mes para aumentar la tasa del impuesto sobre la renta en el 0,1 por ciento a las personas que más ganan en respuesta a la crisis. A medida que la pandemia les exprime a los gobiernos el efectivo, los planes para redistribuir la riqueza han surgido en lugares como Argentina, Perú y Brasil. Y no es la primera vez.
La recaudación de impuestos en América Latina y el Caribe promedió el equivalente al 23,1 por ciento del PIB en 2018, en comparación con el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) de 34,3 por ciento. Algunos países, como México y Perú, registran porcentajes considerablemente menores.
Ahora, dada la gravedad de la crisis actual, América Latina se plantea la pregunta de si una mayor contribución de los más ricos podría ayudar a la región a sobrellevar el costo financiero de la pandemia.
“Evidentemente, algo está cambiando en la mente de las personas”, dijo Julia Strada, investigadora y directora del Centro de Economía Política Argentina, que ha estado siguiendo las conversaciones en torno a los impuestos a la riqueza. “De repente, el problema de la desigualdad es más visible”, agregó Strada.
Actualmente existen impuestos sobre las fortunas netas, de alguna forma, en solo tres países latinoamericanos. Una comparación de las tasas impositivas sobre la renta de la región con las de Europa subraya la baja carga impositiva que recae sobre los ricos de América Latina.
En 2018, la tasa impositiva promedio en el tramo de ingresos más alto en 18 países de la América Latina fue de solo 26,7 por ciento, sin que ningún país gravara a sus mayores ingresos por encima del 35 por ciento, según datos del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Mientras que en Europa, los que más ganan pagan tasas marginales del impuesto sobre la renta, antes de las contribuciones a la seguridad social, del 60,2 por ciento en Suecia, el 55,2 por ciento en Francia, el 47,5 por ciento en Alemania y el 43,5 por ciento en España.
Fernando Velayos, un consultor de política tributaria especializado en América Latina, dijo que el debate renovado sobre ponerle impuestos más altos a los ricos puede explicarse por la convergencia de la crisis de salud pública con las realidades macroeconómicas existentes.
“Hay una desigualdad crónica de América Latina que se junta con la pandemia y con una reducción de los ingresos de los productos básicos, es como una tormenta perfecta”, dijo Velayos.
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La idea de un impuesto al patrimonio no es completamente nueva en América Latina
Aun así, existen obstáculos para que muchas de las nuevas propuestas fiscales se conviertan en ley. La mayoría han sido presentadas por políticos de oposición, a menudo vinculados a antiguas administraciones. Ese es el caso en Ecuador, donde los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa han propuesto un paquete de reformas que incluye un impuesto sobre el patrimonio del 0,9 por ciento sobre los activos individuales mayores a un millón de dólares, así como nuevos impuestos sobre los ingresos bancarios y las empresas más grandes del país. Sin el apoyo del gobierno, la propuesta ha fracasado en el Congreso.
En Paraguay, el Frente Guasú del expresidente Fernando Lugo ha propuesto un impuesto del uno por ciento sobre fortunas de más de 10 millones de dólares. En Brasil, varias propuestas buscan convertir en ley una disposición existente del impuesto sobre el patrimonio; una proviene del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En Chile, donde el mismo presidente tiene 2.600 millones de dólares, Camila Vallejo, del Partido Comunista, está impulsando una conversación sobre gravar a los ricos. En Bolivia, Luis Arce, el candidato presidencial para el partido del expresidente Evo Morales, ha propuesto una medida para gravar fortunas a fin de financiar el gasto en salud. También hay múltiples propuestas de impuestos a la riqueza de los partidos de oposición en Perú.
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Según Strada, el escenario más probable para un nuevo impuesto al patrimonio es Argentina. Allí, los aliados del congreso de Cristina Fernández de Kirchner han propuesto un impuesto único del 2 por ciento sobre fortunas de más de 200 millones de pesos argentinos (que equivalen a unos tres millones de dólares) con una tasa que aumenta al 3,5 por ciento para las personas que tienen más de 3.000 millones de dólares.
El impuesto cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y el ministro de Finanzas Martín Guzmán, así como un amplio apoyo entre el público. Sin embargo, no se espera que la propuesta se convierta en ley sin recibir ningún rechazo.
“El Gobierno está evaluando cuántos ingresos puede generar del impuesto en relación con cuánto costará políticamente”, explica Strada. “Los ingresos únicos no parecen ser enormes, pero el costo político sí lo sería”.
La idea de un impuesto al patrimonio no es completamente nueva en América Latina. Argentina ya tiene un impuesto anual a los bienes personales que, después de una reforma en diciembre pasado, comienza en 0,5 por ciento en activos de más de dos millones de pesos argentinos (unos 29.500 dólares) y aumenta progresivamente hasta un 1,25 por ciento. Uruguay también recauda un impuesto anual sobre el patrimonio neto de más de 112.000 dólares.
Mientras tanto, Colombia tiene un impuesto similar del uno por ciento sobre el patrimonio neto de más de 5.000 millones de pesos. Ahora, la pandemia ha presionado al Gobierno Nacional para que ordene un “impuesto solidario” de tres meses sobre los salarios de los trabajadores del sector público de más de 10 millones de pesos al mes.
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La crisis económica no va a terminar cuando acabe crisis de salud. Tenemos que estar preparados para mitigar su impacto y asegurarnos de tener las herramientas y los recursos necesarios para hacerlo
En Perú, el Gobierno está diseñando su propio “impuesto de solidaridad”, con el presidente Martín Vizcarra diciendo que es “importante para aquellos que tienen más (…) mostrar solidaridad con los que tienen menos”, un guiño al llamado del papa Francisco a la solidaridad en medio la crisis.
Según los informes, el plan que está considerando su gobierno afectaría a los trabajadores de nómina que ganan más de 10.000 soles (alrededor de 2.900 dólares) al mes. El Gobierno apunta a recaudar el equivalente a 88 millones de dólares al mes, o aproximadamente el 0,5 por ciento del PIB, de los impuestos temporales a lo largo del año, según Fitch Ratings, que calificó el impuesto como “una señal positiva para la credibilidad de la política fiscal del Perú”. Aun así, Fitch reconoce que el impuesto por sí solo “está muy lejos de la expansión fiscal extraordinaria” que Perú ha promulgado con una tasa del 7,2 por ciento del PIB en respuesta a la pandemia.
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En Guatemala, la reforma de Pérez crearía un nuevo tramo impositivo para ganancias de más de 60.000 quetzales al mes (alrededor de 7.800 dólares), con una tasa que pasaría del siete por ciento al diez por ciento. Los ingresos adicionales financiarían un nuevo programa de seguro de desempleo que Pérez propuso en el Congreso.
“Es cierto que muchas de las propuestas para debate seguramente enfrentarán vientos en contra, incluidas las preguntas sobre la constitucionalidad”, agrega Velayos. Los intereses comerciales también han expresado su oposición en algunos casos, incluso en Guatemala, donde los políticos como Pérez han pedido durante mucho tiempo un régimen fiscal más progresista.
“La crisis económica no va a terminar cuando acabe la crisis de salud”, dice Pérez. “Tenemos que estar preparados para mitigar su impacto y asegurarnos de tener las herramientas y los recursos necesarios para hacerlo”.* Brendan O’Boyle es editor sénior de Americas Quarterly, donde escribe sobre política latinoamericana. Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly: www.americasquarterly.org.
Aunque Colombia cuenta con normas tributarias para las personas de altos ingresos bastante adelantadas, varios expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en que si bien es claro que se necesitarán nuevos recursos para enfrentar los efectos sociales y económicos de la pandemia, estos también deberían buscarse por otras vías, no solo subiendo los impuestos a las mayores fortunas.
Sergio Clavijo, expresidente del centro de estudios económicos Anif, dice que la ley 2010 del 2019 dejó la tasa de gravamen para estratos altos cerca del 22 por ciento, mientras los hogares ricos ya pagan 1 por ciento sobre su riqueza neta superior a $ 5.000 millones.
Sin embargo, advierte que esos tributos sobre hogares ricos no suman más de 0,3 por ciento del PIB / año; por lo tanto, la plata grande tocará buscarla en otras fuentes, como no reducir la imporrenta del 33 al 30 por ciento, no permitir el cruce contra ICA ni contra IVA en maquinaria (lo cual drena recaudo en casi 1 por ciento) y regresar a la imporriqueza, también para las firmas grandes, pues esto aporta un 1 por ciento del PIB.
Algo similar considera Ricardo Ávila, analista económico sénior de EL TIEMPO, para quien “elevar el impuesto a los ricos no serviría de nada si el gasto no se reparte bien”.
En su opinión, la forma de combatir la desigualdad en el mundo es la tributación progresiva. Y agrega que se debe evaluar bien el tipo de impuestos que deberían cobrarse en este caso, porque gravar el patrimonio a veces no es efectivo, ya que hay bienes que no producen utilidad.
Dice, además, que gravar con tasas muy altas las grandes fortunas eleva el riesgo de que sus dueños se sientan presionados y opten por mover sus finanzas a países más flexibles.
Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, también cree que más allá de elevar la tributación a la población más adinerada del país, se debe mantener la idea de hacer la tributación más progresiva, especialmente, a las personas, haciendo más permanente el impuesto al patrimonio, aumentando la tributación a la renta de capitales, por ejemplo; todo lo que se pueda hacer para mejorar y darle un toque de justicia al estatuto tributario es bueno, dice.
Para el experto tributarista y exdirector de la Dian, Horacio Ayala, más que a las personas adineradas, esa mayor tributación debería ser para las sociedades. “Creo que la mayoría de las grandes fortunas están en sociedades, aquí y en el exterior, y no es fácil identificar a los propietarios de las grandes fortunas. Muchas propiedades están en poder de sociedades ‘offshore’. El ideal sería gravar las propiedades, sin consideración a quienes son sus propietarios”.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y DOMINGO