Redacción
Uno de los propósitos que tiene la reforma tributaria 2.0, además de estabilizar parte de las finanzas públicas, es mitigar el golpe que ha tenido la crisis por coronavirus en la pobreza. Según las cuentas del Gobierno, con la iniciativa se logrará volver a los niveles previos a la pandemia en el número de personas en esa condición. Sin embargo, expertos señalan que eso no sería suficiente y se necesitarían más medidas.
(El 69% de la reforma tributaria 2.0 vendría de impuestos a empresas).
Según presentó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la iniciativa contempla extender el programa de Ingreso Solidario, tal como está, hasta diciembre de 2022. “En 2021 nos cuesta $2,1 billones, y en 2022 nos cuesta $6,6 billones, para un total de $8,7 billones de pesos”. Con eso, buscaría beneficiar a 3,3 millones de hogares, lo que equivaldría a 9,8 millones de personas.
“El impacto de esta iniciativa es reducir la pobreza extrema hasta el nivel que teníamos antes de la pandemia, es decir, pasamos de 15,1% a un nivel de pobreza extrema de 9,6%. También reducimos los niveles de pobreza de 42,5% a 34,2%”, dice uno de los documentos que entregó el Ministerio de Hacienda al respecto.
(Reforma tributaria 2.0 no tocará IVA, pensiones, ni la base gravable).
A esas transferencias también se le sumarían los giros ordinarios de los otros programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción; y otro paquete de incentivos para crear empleo para jóvenes, mujeres y personas que se hayan visto afectadas por la pandemia.
En este punto cabe apuntar que el año pasado, el país cerró con 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria. Sin embargo, este dato hubiera sido peor si no hubiera sido por las ayudas extra y las ordinarias que se dieron el año pasado.
Según el Dane, en 2020 1,7 millones de colombianos no cayeron a ese grupo gracias a los pagos corrientes y extra de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción; así como la compensación del IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria, el Bono vital de Bucaramanga, un bono en Medellín y los giros a pensionados.
(Tres días sin IVA al año y más medidas para impulsar la reactivación).
Y aunque todavía falta por conocer el proyecto de ley y la exposición de motivos, que se haría público a partir del 20 de julio, las cuentas que se hacen con el paquete social que se propone en la nueva tributaria, según expertos, podrían ser “muy optimistas”.
Para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, “habrá que esperar los cálculos de la exposición de motivos, pero parece difícil que un canal redistributivo más débil que la alternativa anterior tenga un mayor efecto en la aceleración de la reducción de la pobreza. Pero todo depende de los supuestos y proyecciones de crecimiento económico”.
Por su parte, Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo y también experto en el tema, manifestó que “los efectos de todo el paquete de programas iniciado en 2020 para enfrentar la pobreza pudieron amortiguar solo el 20% del impacto de la pandemia y sus efectos colaterales. Imposible que con un esfuerzo similar o inferior, los 10 puntos de pobreza (antes de subsidios) desaparezcan. Solo un crecimiento sostenido de 4% o 5% durante al menos 3 o 4 años puede revertir la tasa de desempleo hacia niveles de un dígito y contener la situación de pobreza e indigencia que enfrenta el país”.
¿QUÉ SE DEBE HACER?
Aunque las cuentas del Gobierno con respecto a la pobreza incluyen también un supuesto de crecimiento económico, que de forma natural podría ayudar a evitar que se siga ampliando el número de personas en condición de pobreza; precisamente los expertos apuntan que se deben pensar en otras medidas para reducir las personas en ese grupo.
Para Angulo, “la agenda debe estar enfocada en las ciudades. Lo que va a acelerar la reducción de la pobreza es una apuesta de inclusión productiva urbana en las regiones, como las políticas de inclusión para las mujeres y la formalización de los micronegocios en las grandes ciudades”.
Por su lado, Núñez apunta que también se deben pensar en programas educativos. “Antes que reforzar el paquete social debe diseñarse un paquete laboral, un paquete donde se hagan enormes esfuerzos para crear empleos. Esto incluye reformas al sistema educativo donde los jóvenes pueden graduarse de secundaria con conocimientos que ayuden a incorporarse al mercado laboral y puedan potenciarlos mediante estudios técnicos y tecnológicos”.
En ese sentido, el investigador de Fedesarrollo propone que se haga una reforma al Sena para que se concentre en la formación, como se hizo con el programa de Jóvenes en Acción. “Se debe pensar en reformas que flexibilicen y modernicen la contratación. El código laboral colombiano era útil en el siglo pasado y debe actualizarse para enfrentar los retos globales”.
Con esas propuestas sobre la mesa y con las que ya ha planteado el Gobierno, los analistas apuntan, en resumen, que el reto que le queda al país es evitar que la desigualdad y la pobreza se sigan acentuando a través, entre otras cosas, de la reactivación económica y ayudas para impulsar el empleo.
María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte
